Washington, Estados Unidos
Dos jóvenes inmigrantes indocumentadas ganaron una batalla en la corte que les permite realizarse un aborto en Estados Unidos.
La conclusión fue conocida la noche del martes, cuando el Departamento de Justicia dijo que se abstendría de apelar un fallo que permite a ambas mujeres interrumpir sus embarazos.
La decisión fue tomada por la jueza de distrito estadounidense Tanya Chutkan en Washington DC.
Pero la batalla legal más ambiciosa sobre este asunto no ha terminado, dijo la poderosa UCLA (Unión Americana de Libertades Civiles), que está en desacuerdo con la posición del gobierno frente a estas circunstancias.
Cuando menores embarazadas ingresan ilegalmente al país, las autoridades de Estados Unidos les dan a elegir una de dos opciones: aceptar ser deportadas y abortar en su país de origen o quedarse en Estados Unidos y tener el bebé.
La ACLU argumenta que obligar a una mujer a llevar un embarazo a término viola un derecho a la privacidad garantizado en la Constitución.
En este caso reciente, las mujeres dijeron inicialmente tener 17 años de edad. Pero las autoridades concluyeron que una tenía realmente 19 años, aunque ella lo negó, y la liberaron del centro de detención de inmigrantes donde se encontraba retenida, mientras el caso avanza por la vía legal.
La otra joven, que tiene 22 semanas de embarazo, ahora puede realizarse un aborto pues el gobierno no presentó una apelación, pero permanece en un centro de detención migratoria.
Unas semanas atrás, un caso similar que implicaba a una adolescente embarazada detenida en Texas se convirtió en la primera gran prueba legal relativa al aborto para la administración del presidente Donald Trump.
Se cree que la Corte Suprema, de corte conservador, muy probablemente tendrá que intervenir en algún momento para fallar en casos como estos.
Dos jóvenes inmigrantes indocumentadas ganaron una batalla en la corte que les permite realizarse un aborto en Estados Unidos.
La conclusión fue conocida la noche del martes, cuando el Departamento de Justicia dijo que se abstendría de apelar un fallo que permite a ambas mujeres interrumpir sus embarazos.
La decisión fue tomada por la jueza de distrito estadounidense Tanya Chutkan en Washington DC.
Pero la batalla legal más ambiciosa sobre este asunto no ha terminado, dijo la poderosa UCLA (Unión Americana de Libertades Civiles), que está en desacuerdo con la posición del gobierno frente a estas circunstancias.
Cuando menores embarazadas ingresan ilegalmente al país, las autoridades de Estados Unidos les dan a elegir una de dos opciones: aceptar ser deportadas y abortar en su país de origen o quedarse en Estados Unidos y tener el bebé.
La ACLU argumenta que obligar a una mujer a llevar un embarazo a término viola un derecho a la privacidad garantizado en la Constitución.
En este caso reciente, las mujeres dijeron inicialmente tener 17 años de edad. Pero las autoridades concluyeron que una tenía realmente 19 años, aunque ella lo negó, y la liberaron del centro de detención de inmigrantes donde se encontraba retenida, mientras el caso avanza por la vía legal.
La otra joven, que tiene 22 semanas de embarazo, ahora puede realizarse un aborto pues el gobierno no presentó una apelación, pero permanece en un centro de detención migratoria.
Unas semanas atrás, un caso similar que implicaba a una adolescente embarazada detenida en Texas se convirtió en la primera gran prueba legal relativa al aborto para la administración del presidente Donald Trump.
Se cree que la Corte Suprema, de corte conservador, muy probablemente tendrá que intervenir en algún momento para fallar en casos como estos.
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