La medida fue adoptada porque funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) están cada vez más preocupados de los casos de tráfico infantil en momentos en que se registra un aumento en el número de familias centroamericanas que cruzan la frontera, lo que ha llevado al límite los recursos disponibles.
Las autoridades fronterizas también incrementaron en fecha reciente la información biométrica que toman de los migrantes de 13 años o menos, como huellas dactilares, a pesar de las preocupaciones sobre privacidad y la política gubernamental que restringe el tipo de datos que pueden ser recabados.
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Funcionarios del DHS no precisaron el punto donde se pondrá en marcha el programa piloto de las pruebas de ADN, aunque señalaron que comenzará la semana entrante a nivel muy restringido.
Las pruebas de ADN se efectuarán una vez que los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés), a cargo de la vigilancia fronteriza, hayan remitido los posibles casos de fraude al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), que efectúa las tareas policiales relacionadas con migrantes en el interior del país.
Sin embargo, equipos de la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional del ICE fueron destacados en fecha reciente en la frontera sur para que cooperen en las pesquisas sobre tráfico de personas.
La prueba de ADN se efectúa de manera rápida: consiste de un raspado bucal con un hisopo tanto al adulto como al menor, y el resultado está listo en un par de horas. El padre hará el raspado al menor, según las fuentes.
Los resultados serán destruidos y no se les utilizará como prueba en ningún caso penal, dijeron los funcionarios.
En general, para la autoridad una unidad familiar está compuesta por un padre/madre y un hijo. El migrante incurrirá en fraude si afirma ser el padre o la madre aunque tenga otro parentesco con el menor o si no existe relación alguna. Funcionarios del ICE dijeron haber identificado desde el 18 de abril 101 posibles casos de familias que incurrieron en fraude migratorio y determinaron que un tercio eran fraudulentas.
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Desde el inicio del año fiscal, las autoridades dijeron haber descubierto más de 1.000 casos y remitieron 45 casos para juicio. El fraude también podría incluir uso de documentos falsos, como actas de nacimiento, y los adultos acusados de fraude no son necesariamente enjuiciados por esa irregularidad; algunos son procesados por ingreso ilegal u otros delitos.
Los funcionarios del DHS también han advertido sobre el “reciclamiento de menores”, casos en los que afirman que los menores a los que se les permitió el ingreso en Estados Unidos fueron regresados de contrabando a América Central para que acompañen a otros adultos simulando ser familia, una situación imposible de detectar si no se dispone de una base de datos con huellas dactilares y demás información biométrica.
Sin embargo, el DHS no ha identificado a algún arrestado por esa irregularidad ni dado a conocer el número de casos descubiertos. Defensores de los migrantes expresaron preocupación de que con el pretexto de frenar el fraude migratorio, los agentes pudieran recabar información personal de los menores que podría ser utilizada en contra de ellos después.
Las autoridades aseguran que el programa se efectuará con los recursos actuales. Horas antes el miércoles, la Casa Blanca dijo que necesitaría 4.500 millones de dólares adicionales para asistencia humanitaria en la frontera. El presupuesto del año fiscal 2019 ya incluye 415 millones de dólares para asistencia humanitaria en la frontera, de los que 28 millones son para atención médica, dijeron el miércoles altos funcionarios.
Sin embargo, la Casa Blanca quiere ahora 3.300 millones de dólares adicionales a fin de aumentar la capacidad de albergue para migrantes menores que llegaron solos, así como para la alimentación y atención de familias, además de transporte y centros de procesamiento.
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