Según la Fiscalía, los supuestos actos de corrupción se hicieron después de que la empresa italiana ASTALDI abandonara los trabajos de la presa El Chaparral y esto constituía motivo suficiente para que se caducara el contrato, le impusieran multas e hicieran efectivas las finanzas contractuales. Sin embargo, el gobierno de Funes al parecer llegó a un acuerdo ilegal que permitió que la constructora recibiera 108,5 millones de dólares por sólo el 29,9% de la construcción de la obra.
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El contrato original establecía que la construcción de la obra tendría un costo de 219,9 millones de dólares.
A Funes, su pareja -Ada Mitchell- y otras tres personas les atribuyen los delitos de cohecho activo, lavado de dinero y agrupaciones ilícitas.
Funes, Mitchell y dos de sus hijos se encuentran en Nicaragua, donde en septiembre de 2016 recibieron asilo político del gobierno del presidente Daniel Ortega, mientras se desarrollaba un juicio civil por enriquecimiento ilícito y cuando aún no se había emitido orden de captura en su contra.
La Fiscalía presentó 1.252 documentos, 112 evidencia y 34 experticias que confirman el pago extra entregado por la CEL a la empresa italiana.
Las investigaciones también detallan cómo adquieren una sociedad fachada denominada HEADFORD BUSINESS y se abre una cuenta bancaria en el FPB BANK INC de Panamá, que se utilizó para recibir el dinero que entregó ASTALDI a Funes y Menéndez por el arreglo que benefició a la empresa italiana.
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“Se ha logrado determinar por parte de la Fiscalía General que son casi 50 millones de dólares, lo que esta gente le robó al Estado, entre peculado, lavado de dinero”, afirmó en conferencia de prensa el Fiscal General de la República, Raúl Melara.
Melara reconoció que les será difícil extraditar al expresidente Funes por haberse nacionalizado nicaragüense. “La ley nos impide proseguir con el proceso para él, pero esto no impide que el juicio siga para los demás imputados que están siendo procesados. En el caso de él esto tendrá que esperar”.
Agregó que seguramente el exmandatario estaría viendo la conferencia de prensa “y va a comenzar a tuitear como loco diciendo que esta es persecución política. Todo fue liderado por Mauricio Funes”.
Funes rechazó la acusación y dijo en su cuenta oficial de Twitter que: “Como presidente no me correspondía decidir ni la cancelación del contrato a ASTALDI, ni el monto a pagar. '¿Donde está la prueba de que yo di la orden o que participé de las negociaciones con ASTALDI para dar finalizado el contrato?”.
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