Los Ángeles, Estados Unidos
Activistas pro-inmigrantes afirmaron el miércoles que han logrado parar la deportación de 33 personas agrupadas en 12 familias centroamericanas que fueron detenidas en las redadas de fin de año.
Las 12 madres y 21 niños de El Salvador, Honduras y Guatemala lograron quedarse en Estados Unidos luego que activistas apelaran sus casos ante la Junta de Apelaciones de Inmigración y obtuvieran un amparo, señaló la coalición legal Proyecto Pro Bono CARA.
Las familias habían escapado de violencia doméstica o reclutamiento, secuestro, ataques, o extorsión de parte de organizaciones criminales y transnacionales, agregaron activistas.
Nueve familias eran de El Salvador, dos de Honduras y una de Guatemala, dijo Patricia Zapor, representante de la Catholic Legal Immigration Network, que es parte del Proyecto CARA. No queda claro si estas familias salvadoreñas incluían a los ocho grupos familiares mencionados la semana pasada por el gobierno salvadoreño.
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas detuvieron el primer fin de semana del año a 121 adultos y niños, principalmente en Georgia, Texas y Carolina del Norte. De éstos, 77 habían sido deportados hasta el jueves pasado, de acuerdo con las autoridades de inmigración.
Las 12 familias ganaron sus apelaciones después que se les negara el debido proceso de diferentes maneras, por ejemplo al presionar a las madres a firmar documentos legales sin permitirles acceso a asesoría legal, indicaron activistas.
El hecho de que estas deportaciones pudieron ser frenadas y apeladas causa preocupaciones graves porque las violaciones al debido proceso socavan las oportunidades de solicitantes genuinos de asilo, añadieron los activistas.
'Ahora pedimos al gobierno del presidente Obama que ponga en libertad a estas familias detenidas (en el Centro Residencial para Familias en el Sur de Texas), en Dilley, Texas, debido a que tienen una apelación pendiente', dijo Katie Shepherd, abogada que dirige el Proyecto CARA. 'De acuerdo con (el acuerdo extrajudicial) Flores, el gobierno no puede retener a niños en centros de detención que no tengan licencia, como Dilley'.
Las redadas de fin de año fueron condenadas por activistas, que pidieron al gobierno el cese de estos operativos nacionales y que extendiera alivios migratorios temporales a centroamericanos.
El secretario de Estado John Kerry anunció el miércoles que planea expandir el programa de refugiados para beneficiar a salvadoreños, hondureños y guatemaltecos.
El Proyecto Pro Bono CARA también está formado por el Concejo Americano para Inmigración, el Centro de Inmigrantes y Refugiados para la Educación y Servicios Legales y la Asociación Americana de Abogados de Inmigración.
Activistas pro-inmigrantes afirmaron el miércoles que han logrado parar la deportación de 33 personas agrupadas en 12 familias centroamericanas que fueron detenidas en las redadas de fin de año.
Las 12 madres y 21 niños de El Salvador, Honduras y Guatemala lograron quedarse en Estados Unidos luego que activistas apelaran sus casos ante la Junta de Apelaciones de Inmigración y obtuvieran un amparo, señaló la coalición legal Proyecto Pro Bono CARA.
Las familias habían escapado de violencia doméstica o reclutamiento, secuestro, ataques, o extorsión de parte de organizaciones criminales y transnacionales, agregaron activistas.
Nueve familias eran de El Salvador, dos de Honduras y una de Guatemala, dijo Patricia Zapor, representante de la Catholic Legal Immigration Network, que es parte del Proyecto CARA. No queda claro si estas familias salvadoreñas incluían a los ocho grupos familiares mencionados la semana pasada por el gobierno salvadoreño.
Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas detuvieron el primer fin de semana del año a 121 adultos y niños, principalmente en Georgia, Texas y Carolina del Norte. De éstos, 77 habían sido deportados hasta el jueves pasado, de acuerdo con las autoridades de inmigración.
Las 12 familias ganaron sus apelaciones después que se les negara el debido proceso de diferentes maneras, por ejemplo al presionar a las madres a firmar documentos legales sin permitirles acceso a asesoría legal, indicaron activistas.
El hecho de que estas deportaciones pudieron ser frenadas y apeladas causa preocupaciones graves porque las violaciones al debido proceso socavan las oportunidades de solicitantes genuinos de asilo, añadieron los activistas.
'Ahora pedimos al gobierno del presidente Obama que ponga en libertad a estas familias detenidas (en el Centro Residencial para Familias en el Sur de Texas), en Dilley, Texas, debido a que tienen una apelación pendiente', dijo Katie Shepherd, abogada que dirige el Proyecto CARA. 'De acuerdo con (el acuerdo extrajudicial) Flores, el gobierno no puede retener a niños en centros de detención que no tengan licencia, como Dilley'.
Las redadas de fin de año fueron condenadas por activistas, que pidieron al gobierno el cese de estos operativos nacionales y que extendiera alivios migratorios temporales a centroamericanos.
El secretario de Estado John Kerry anunció el miércoles que planea expandir el programa de refugiados para beneficiar a salvadoreños, hondureños y guatemaltecos.
El Proyecto Pro Bono CARA también está formado por el Concejo Americano para Inmigración, el Centro de Inmigrantes y Refugiados para la Educación y Servicios Legales y la Asociación Americana de Abogados de Inmigración.
