La Corte Suprema de Estados Unidos sopesará este lunes un importante caso sobre inmigración que podría afectar a millones de indocumentados, en su mayoría mexicanos, en una audiencia políticamente cargada a pocos meses de una elección presidencial.
Los ocho magistrados del máximo tribunal estadounidense examinarán en concreto la legalidad de unas medidas ejecutivas firmadas por el presidente Barack Obama que protegerían de la deportación a entre cuatro y cinco millones de inmigrantes clandestinos.
La inmigración es una de las principales banderas de los aspirantes republicanos a las elecciones presidenciales, especialmente del favorito Donald Trump, quien prometió construir un muro en la frontera con México y deportar a los 11 millones de indocumentados, lanzando llamas a un candente debate.
Pero en el centro de las deliberaciones de los jueces también estará una importante pregunta legal: ¿se sobrepasó en sus prerrogativas el presidente Obama gobernando por decreto al verse paralizado por un Legislativo dominado por sus adversarios republicanos?.
En el tapete se posan un conjunto de medidas ejecutivas de Obama a finales de 2014, cuando las probabilidades de que una prometida reforma migratoria fuese aprobada por la oposición republicana en el Congreso se reducían a cero.
Uno de los decretos protege de la deportación a personas que viven en el país desde 2010, sin prontuarios criminales, y tienen hijos que son ciudadanos estadounidenses. Otro decreto amplía un programa que protege a los inmigrantes que llegaron a Estados Unidos antes de los 16 años de edad.
Pero Texas y otros 25 estados se negaron a implementar las medidas, y vieron sus posturas refrendadas en una serie de decisiones judiciales que encontraron que Obama había se había extralimitado en sus poderes, lo que efectivamente bloqueó las iniciativas.
'Balance de poder'
'Esta demanda para detener la ilegal política migratoria del presidente Obama es sobre un concepto tan antiguo como la fundación del país: la separación de poderes', dijo en un comunicado el Fiscal General de Texas, Ken Paxton.
El gobierno de Obama ha incrementado la deportación de inmigrantes, desde 390.000 en 2009 a 440.000 en 2013, según el Departamento de Seguridad Interior, recibiendo críticas de dureza o liviandad, dependiendo en qué trinchera del debate se esté.
Pero el mandatario ha dicho que busca priorizar las deportaciones de 'delincuentes y no familias; criminales y no niños; pandilleros y no una madre que trabaja duro por sus hijos'.
El caso podría tener repercusiones en otros debates sobre el alcance y legalidad de las medidas tomadas por un presidente.
'La decisión de la Corte podría redefinir el balance de poder entre el Congreso y el presidente', dijo Stephen Yale-Loehr, profesor de derecho de la Universidad de Cornell.
'Otras personas involucradas en controversias alrededor de decretos presidenciales, como control de armas o política ambiental, ciertamente revisarán los argumentos en ese caso para determinar las posibilidades de sus posturas en el plano legal', añadió.
En manos del nuevo presidente
El caso llega a la Corte Suprema, mientras ella misma navega un mar agitado: la silla de un juez fallecido no ha sido llenada, debido a la resistencia partidista del Congreso.
Con ocho magistrados actualmente -cuatro conservadores y cuatro progresistas-, la Corte podría dejar en vilo una decisión, lo que prolongaría el bloqueo de las medidas.
Aún si decide a favor de la Casa Blanca, el Ejecutivo tendría solo siete meses para implementar el programa: Obama abandonará la presidencia en enero de 2017.
El resultado de las elecciones presidenciales de noviembre también determinará el futuro de esas políticas, que los candidatos republicanos han prometido desmantelar.
'Eso no significa que le quitarían (los beneficios) a las personas que ya los recibieron', acotó Stephen Legomsky, ex asesor de la agencia de ciudadanía e inmigración, durante el gobierno de Obama.
Legomsky se mostró optimista del resultado.
'Por más de cien años, la Corte Suprema ha sostenido consistentemente que la inmigración es una prerrogativa exclusivamente federal', dijo.
Este lunes, los magistrados prevén 90 minutos, una duración excepcionalmente larga, para escuchar a las partes.
Pero la decisión del máximo tribunal deberá esperar hasta junio, un mes antes de las convenciones de investidura de los dos partidos.
