Abogado, exdiputado y senador, el político de 46 años lidera una heterogénea coalición de derecha que fusiona el centro con militares, liberales, conservadores, estatistas, católicos y evangélicos: una alianza que generó el temor entre opositores y críticos de que el país avance hacia políticas de mano dura y recortes presupuestales.
Observadores y analistas han atribuido el triunfo de Lacalle Pou a un mejor desempeño mediático y a un desencanto ciudadano con el gobierno izquierdista saliente, al que sus opositores acusaron en la campaña de carecer de propuestas y liderazgo para resolver los problemas del país, como la inseguridad.
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En la coalición de derecha primó el llamado de un “futuro común” como gobierno, dijo Lacalle al saberse ganador. Ha dicho que una de sus prioridades durante su gobierno de cinco años será la seguridad, que ha visto un deterioro desde que por primera vez asumió la izquierda, de la mano del Frente Amplio, en marzo de 2005. La unión derrotó al socialdemócrata Frente Amplio, quitándole la mayoría parlamentaria ostentada durante tres lustros.
Para la ceremonia de cambio de poder se tiene previsto que José “Pepe” Mujica, senador opositor y expresidente (2010-2015) tomará el juramento de Lacalle Pou a la Constitución en la Asamblea General.
El protocolo adelantado a la prensa marca que luego se trasladará en un antiguo Ford Cabriolet para firmar el acta de traspaso de mando junto al saliente Tabaré Vázquez, socialista, dos veces presidente y el primero de izquierdas.
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El traslado del Congreso a la firma de traspaso en el Ford Cabriolet no es casual, es un gesto a la familia, que tiene una añeja tradición de poder en Uruguay. El coche fue adquirido en 1937 por Luis Alberto de Herrera, expresidente, caudillo del Partido Nacional y bisabuelo materno de Lacalle Pou. Y es el mismo coche que usó su padre, Luis Alberto Lacalle Herrera, cuando asumió como presidente en 1990. El domingo serán tres las generaciones ostentando el viejo pero remozado auto con aires presidenciales.
El tema de la seguridad, el principal problema que sienten los uruguayos según encuestas de la última década, ha sido puesto como una de las prioridades del gobierno entrante.
De hecho, su coalición trabaja en un anteproyecto de ley de urgente consideración que incluye elevar las penas para varios delitos, como narcotráfico y abuso sexual. También crea una pena con prisión por resistencia al arresto; amplía la acción a militares que desempeñan tareas de seguridad; otorga la legítima defensa para la policía, y brinda el beneficio de repeler a “personas extrañas” al entrar a un establecimiento rural.
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En 2019 se cuantificaron 139,859 hurtos, 32,721 denuncias por violencia en el hogar (enero a octubre), 30,650 rapiñas y 319 homicidios (49% no aclarados) en un país con casi tres millones y medio de habitantes. Las cifras son ligeramente menores a las de 2018, pero considerablemente más altas que las registradas en 2014, cuando Vázquez prometió en campaña bajar las rapiñas al finalizar su gestión. Por entonces eran poco menos de 20,000.
“Hay una emergencia. Los números hablan claramente. Lejos de disminuir las rapiñas como había prometido Vázquez, aumentaron”, dijo a The Associated Press el ministro designado de Defensa, Javier García. Enfrentar la delincuencia “es lo primero para devolver la paz y tranquilidad”, explicó. Su oficina, dijo, “trabajará coordinadamente con el ministerio del Interior… Gran parte del delito organizado pasa por las fronteras”. Y adelantó que el próximo mes habrá un despliegue militar en las fronteras y mayores atribuciones en la seguridad interna para las Fuerzas Armadas.
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En diciembre, el gobierno de Vázquez reglamentó una ley aprobada en 2018 permitiendo a los militares custodiar puntos estratégicos en 20 kilómetros de la frontera adentro, excepto centros poblados para disuadir y reprimir delitos. La administración entrante anunció que desplegará entre 500 y 1,000 efectivos en puntos estratégicos aún por detallar. Así, 35,000 kilómetros cuadrados quedarán bajo vigilancia militar desde la segunda mitad del próximo marzo.
Las propuestas del nuevo gobierno han generado inquietud entre los ahora opositores.
“En estos años logramos una policía más profesional con un uso más racional de la fuerza. La policía debe actuar en la represión del delito, pero no con esta autonomía peligrosa que puede generar más violencia”, dijo a la AP Charles Carrera, senador electo del Frente Amplio y secretario general del Ministerio del Interior durante siete años.
Para el politólogo Daniel Bouquet, en la izquierda uruguaya prima la visión de “que lo punitivo debe estar basado en garantías y Derechos Humanos”. Por el contrario, dijo, “en la colación del gobierno entrante predomina la mano dura. Derechos individuales, libertades y garantías pasan a ser secundarias. Es el clamor de buena parte de la opinión pública”.
La polarización no es exclusiva del tema seguridad.
“La izquierda promueve el gasto, la incidencia del Estado al servicio de los sectores vulnerables. (La) derecha cree que un Estado debe intervenir lo menos posible. (Que) es una carga y su costo un problema para la competitividad. Hay visiones alternativas sobre las mismas cifras”, dijo Bouquet.
El análisis económico del gobierno electo es que el Frente Amplio gastó “mucho”, “mal” y que las finanzas están más “comprometidas de lo esperado”. Para 2019, el déficit fiscal fue de 4,9%, la inflación de 8,8% y el desempleo de 8,5%.
Sin embargo, más allá de la imagen negativa del gobierno entrante sobre el desempeño de la izquierda, la economía uruguaya crece sostenidamente desde hace 16 años de forma ininterrumpida, aunque en las últimas mediciones la suba ha sido modesta. En 2018 el PIB creció 1,6% y el Banco Central estima que será de un 0,4% para 2019.
Durante la carrera electoral Lacalle prometió ahorrar 900 millones de dólares anuales, casi el mismo presupuesto que hubieran gastado dos Ministerios de Defensa o 37 millones de dólares menos que el total del Ministerio del Interior. También prometió bajar las tarifas de agua, luz, telefonía y combustibles.
Sin embargo, tras la primera reunión con su antecesor Vázquez, augura una “alta probabilidad” de aumento, además de una depreciación de la moneda local con el tiempo que ya comenzó. El dólar se ubica a 38 pesos y viene en alza, con una marcada tendencia al aceleramiento en el último año: en enero de 2019 estaba a 31 pesos.
Su gobierno plantea crear una “comisión de expertos” para reformar el sistema de seguridad social y una regla fiscal rígida de metodología aún a definir.
El gasto en las políticas sociales, pilar de la gestión progresista, será recortado, aunque no han dicho en cuanto. A pesar de eso, en cinco años Armando Castaingdebat, viceministro electo de Desarrollo Social, se imagina “un país mucho mejor”.
La tarea de Castaingdebat es restructurar la secretaría y descentralizarla, apoyado en las intendencias departamentales sin afectar las prestaciones sociales. Su objetivo es la eficiencia en el gasto anual de 280 millones de dólares asignados. “Queremos ver si vale la pena invertirlo. Y cuáles son los resultados”, dijo a la AP. “Debemos evaluar cómo se gastó en estos 15 años”, dijo.
La última misión del FMI en Uruguay apuntó “desequilibrios”. “La deuda se incrementó y la inflación permanece fuera del rango meta. (Pero) el entorno político y económico de los próximos años ofrece una oportunidad para abordar las dificultades”, señaló la revisión.
El escenario “no es crítico ni dificultoso, es una situación sólida, lo cual no quiere decir que haya que corregir el terreno fiscal”, opinó el exministro de Economía frentista Mario Bergara.
La evaluación del FMI también reconoció una “posición envidiable”. En 2006 la pobreza alcanzaba al 32,5% de la población y en 2018 había bajado a 8,1%. “Tras década y media de crecimiento robusto, (Uruguay) goza de un elevado ingreso per cápita y tasas bajas de pobreza, desigualdad e informalidad. Gracias a la supervisión y regulación prudencial el sector financiero se mantiene resiliente a pesar de la volatilidad financiera” regional.
Pese al apoyo que recibió en las urnas, el gobierno entrante no está libre de polémicas: están abiertas investigaciones judiciales y acusaciones de clientelismo a intendentes (jefes políticos) del Partido Nacional, la fuerza política del presidente Lacalle Pou. Además, hay un pedido de extradición de la pareja del ministro entrante de Cultura, Pablo Da Silveira. La mujer, Maya Cikurel, es buscada por Panamá por lavado de activos en pagos de sobornos de Odebrecht dirigidos al entorno próximo y al mismo expresidente panameño Ricardo Martinelli.
La gobernabilidad “no va a ser sencilla”, dijo el politólogo Bouquet.
“El partido del presidente es el más minoritario de la historia. La mayoría conformada es la más heterogénea de los gobiernos uruguayos. Si bien todo puede ocurrir, mantener unida esa mayoría será muy difícil”, opinó.
