El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, dijo el jueves que era “un mito su condición de penal de alta seguridad”.
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“(Para) los reos pertenecientes al CJNG (las siglas del cártel de Jalisco) estar en el penal de Puente Grande era tener todas las condiciones para conservar el autogobierno y parte del objetivo es precisamente dispersar a estos criminales para anular la posibilidad de que reproduzcan el autogobierno en otros penales”, indicó Durazo durante su participación en una videoconferencia organizada por el Colegio de México, un prestigioso centro de estudios de la capital.
El gobierno mexicano anunció el lunes el cierre de la prisión, famosa porque en 2001 se fugó de ella el narcotraficante Joaquín ”El Chapo” Guzmán, pero hasta ahora no había explicado las razones de esa decisión.
“Ha sido una irresponsabilidad del estado mexicano tener a criminales de tan algo grado en un penal cuyas celdas -algunas de ellas- no tienen ni aldabas” con lo que había “riesgos altísimos de fugas”, afirmó Durazo.
'No sé cómo no se dieron porque cuando uno ve las condiciones deplorables en las que se encuentra el penal, llegas a la conclusión de que ahí pudo haber sucedido cualquier cosa”, agregó. Por eso se optó por dispersar a los reclusos y “sacarlos de su zona de confort”, agregó.
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Según el secretario, tampoco se podían garantizar los derechos humanos y la dignidad de los presos.
Durazo explicó que los reclusos fueron repartidos en los miles de lugares disponibles que existían en otros penales de mediana seguridad que estaban desocupados “en distintos lugares de la república” y aseguró que el cierre va a generar ahorros al Estado de 800 millones de pesos, más de 36 millones de dólares.
El complejo, ubicado cerca de la ciudad de Guadalajara, capital de Jalisco, también alberga al menos otra prisión estatal, pero se desconoce si permanecerá o no en operaciones.
“El Chapo”, líder del cártel de Sinaloa, cumplía una sentencia de 20 años cuando escapó de esa cárcel en 2001, supuestamente escondido en un carro de lavandería. Según otras versiones, simplemente sobornó al personal de la prisión y salió caminando por la puerta.
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Guzmán permaneció prófugo otros 13 años antes de ser arrestado nuevamente y escapar de otra cárcel mexicana, esta vez a través de un túnel. Finalmente, fue detenido y extraditado a Estados Unidos en 2017, donde fue sentenciado a cadena perpetua en 2019.
Sin embargo, el complejo de Puente Grande —irónicamente apodado por algunos como “puerta grande”— siguió apareciendo en las noticias a principios de este año. En mayo, algunos reclusos protagonizaron una trifulca a golpes y con armas de fuego, lo que dejó un saldo de siete internos muertos y nueve heridos.
Las autoridades no explicaron cómo es que los internos tuvieron acceso a dos pistolas que fueron utilizadas durante el incidente. De los siete muertos, tres fallecieron por impactos de arma de fuego y los otros cuatro a golpes.
El control de las cárceles por parte de los presos ha sido un problema reiterado en México, aunque generalmente se daba en prisiones municipales y estatales y no en las federales, que son las de alta seguridad.
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La oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Comisión Nacional de Derechos Humanos indicaron en un informe de noviembre de 2019 que el “autogobierno y cogobierno” de los penales mexicanos en general seguía siendo un problema porque no había “capacidad institucional suficiente para supervisar la gobernabilidad de los centros” y porque no se tenía en cuenta las estructuras de poder que existían en ellos.
