La fiscalía general y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) señalaron al jueves al presidente Jimmy Morales y a empresarios guatemaltecos por corrupción.
Oscar Schaad, fiscal de delitos electorales, dijo a The Associated Press que una investigación determinó que empresarios habrían entregado más de un millón de dólares que no fueron reportados para beneficiar la campaña del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN) cuando Morales era secretario general de dicho partido, antes de llegar ser presidente en 2016.
Más tarde, la fiscal Thelma Aldana y el comisionado de la CICIG, Ivan Velázquez, recordaron en conferencia de prensa que ésta es la segunda parte de una investigación que ambos organismos iniciaron hace tiempo contra Morales por el mismo tema.
Según explicaron, en la primera parte del proceso se determinó que el presidente ocultó información financiera de su partido por más de un millón de dólares proveniente de financiamiento ilícito. Por ello, el monto que suman las dos investigaciones en total asciende a 15 millones de quetzales (poco más de dos millones de dólares).
Aldana no descartó que se presente una nueva solicitud de retiro de inmunidad del mandatario, pero dijo que aún esperan recabar más información.
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Esta es la tercera ocasión en que la justicia guatemalteca involucra al mandatario en hechos de corrupción. Antes se le acusó una vez por financiamiento electoral ilícito y una más por recibir sobresueldos por 61 mil dólares del Ejército de Guatemala. Ninguno de los casos pudo investigarse porque aunque la fiscalía y la CICIG pidieron retirar su inmunidad, el Congreso y la Corte Suprema de Justicia lo protegieron.
La primera acusación se hizo en agosto de 2017 y provocó que Morales intentara expulsar a Velásquez del país, pero la Corte de Constitucionalidad protegió al comisionado y prohibió su salida.
Javier Hernández, jefe de la bancada del partido oficialista en el Congreso, dijo a periodistas que la nueva acusación de la fiscalía contra el presidente es “más un ataque político que legal”, y aseguró que el Comité Ejecutivo del partido se reunirá para tratar el tema.
“Creo que es un ataque directo a un partido legalmente instituido”, afirmó.
Schaad, fiscal de delitos electorales, explicó a la AP que durante su más reciente investigación la fiscalía determinó que existieron tres tipos de financiamientos: 1. Reportado, 2. No reportado, pero establecido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y 3. No reportado y no establecido, el cual era anónimo e ilícito.
“Hemos detectado que hubo financiamiento que simplemente no fue declarado al Tribunal y que por distintas razones el Tribunal no lo detectó, que es la parte en la que se enfocó la investigación”, dijo el fiscal y agregó que los involucrados establecieron un mecanismo que canalizó el financiamiento a través de empresas para financiar directamente al partido.
Velásquez relató que a través de los testimonios de dos empresarias --Paulina Paiz Riera y Olga Mendéz López-- se determinó que los empresarios se habrían reunido con Morales para establecer la entrega del financiamiento.
Según estas declaraciones, el dinero habría sido recolectado por los también empresarios Salvador Paiz del Carmen y Rodrigo Arenas antes de ser entregado al excoronel Edgar Ovalle, fundador del FCN y hombre de confianza del presidente Morales.
Ovalle había sido electo como diputado oficialista, pero está prófugo de la justicia mientras es investigado por la muerte y desaparición de indígenas y campesinos durante la guerra civil en Guatemala (1960-1996).
Ninguno de los empresarios señalados fue detenido, pero la fiscalía dijo que se solicitó su declaración ante juez.
Paiz Riera y Méndez López agregaron que el dinero recolectado se entregó a través de compañías y habría servido para pagar fiscales electorales del FCN que vigilaron las urnas en la primera y segunda vuelta electoral. También dijeron que Morales propuso no reportar los montos.
Las testigos fueron condenadas mediante procedimiento abreviado por contribuir a la investigación y confesar su participación en el ilícito.
Algunas de las compañías que habrían entregado recursos al partido de gobierno son: Banco Industrial, Cementos Progreso, Inversiones Nuevas, S.A., Negocios Bursátiles Consolidados y los ingenios azucareros San Diego, Santa Ana, Pantaleón, Palo Gordo.
Esta nueva acusación cobra relevancia ya que actualmente los diputados intentan reformar la ley para disminuir las penas y eliminar delitos, cambios que beneficiarían a los empresarios involucrados. Sin embargo, Velásquez llamó el jueves a los legisladores a que no hagan “amnistías disfrazadas” ante intentos de reformar la ley y dijo que la fiscalía solicitará al TSE la cancelación del partido del oficial.
