El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, firmó esta semana la orden provisional que establece que los jueces pospogan o cancelen un proceso de deportación.
El propósito de esta orden se basa en afectar los procesos judiciales que llevan a cabo cientos de inmigrantes que buscan beneficios y que pelean legalmente sus permanencias en el país.
En los últimos cinco años al menos 350,000 casos de deportaciones fueron canceladas por las cortes de inmigración, según datos del Departamento de Justicia.
Desde que el presidente Donald Trump llegó al poder ha querido expulsar el mayor número de inmigrantes que se pueda, sin embargo, las decisiones de los tribunales lo han frenado.
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Nueva orden
“El estándar de causa justificada requiere consideración y equilibrio de múltiples factores cuando un extranjero demandado solicita más tiempo para buscar alivio colateral de otra autoridad, por ejemplo, una visa, para permanecer de manera legal en el país”, explicó Sessions.
“En el alivio colateral de inmigración el juez debe considerar, principalmente, la probabilidad de que se otorgue este beneficio y si este afectará materialmente el resultado del procedimiento de deportación”, aseguró el fiscal.
Varios expertos en migración aseguran que Sessions está limitando de sus poderes y libertades a los magistrados de la corte con esta nueva orden.
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Reabriran casos
Con esta nueva orden los más de 350,000 casos que fueron cerrados en los últimos cinco años serían reabiertos y la mayoría deportados.
La orden explica que se requiere la debida consideración de las autoridades.
Por otra parte, la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ, por sus siglas en inglés), manifestó en un comunicado su molestia por la orden.
“Hemos aconsejado sobre ese asunto con el punto de vista de las cortes explicando que el cierre administrativo es un método muy útil para que nosotros podamos arreglar nuestros expedientes de una manera más eficaz, especialmente en esta época de tantos casos atrasados”, cita el comunicado.
“La Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ) está muy decepcionada por la decisión del fiscal general de quitarnos una herramienta para controlar nuestros expedientes”, puntualiza la misiva.
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