MANAGUA, NICARAGUA. -El gobierno de
Nicaragua aplicó amplias medidas de represión que se extendieron de las calles a los tribunales durante los cuatro meses de protestas contra el ejecutivo del presidente
Daniel Ortega, apuntó un informe de Naciones Unidas publicado este miércoles.
El reporte de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos instó al ejecutivo Ortega a detener de inmediato la persecución a los manifestantes y a desarmar a los civiles enmascarados que fueron responsables de muchos de los asesinatos y detenciones arbitrarias.
Más de 300 personas murieron desde mediados de abril a consecuencia de la violencia en la nación centroamericana. A la vecina Costa Rica llegaron miles de peticiones de asilo de personas que huyen del país.
El informe describió detenciones ilegales, torturas y la celebración de juicios a puerta cerrada. Médicos, profesores y jueces que se mostraron críticos o protestaron fueron cesados de su trabajo para disuadir a la población de participar o respaldar las protestas.
“El nivel de persecución es tal que muchos de los que han participado en las protestas, defendido los derechos de los manifestantes, o simplemente expresado una opinión disidente, se han visto forzados a esconderse, han abandonado Nicaragua o están tratando de hacerlo”, apuntó el informe.
El máximo responsable de Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra'ad al-Hussein, dijo a reporteros en Ginebra que la 'represión y las represalias contra los manifestantes siguen en Nicaragua mientras el mundo mira hacia otro lado”. Además, instó a la comunidad internacional a tomar “acciones concretas para evitar que la crisis actual en Nicaragua derive en una agitación social y política más profunda”.
A mediados de abril, jubilados y estudiantes salieron a la calle para protestar contra los recortes en la Seguridad Social decretados por Ortega. Enfrente se toparon con la violencia de los jóvenes partidarios del gobierno y de la policía antimotines. El dirigente retiró los cambios, pero los manifestantes exigieron entonces su renuncia.
Estudiantes universitarios de todo el país lideraron las protestas y tomaron el control de varios campus. En julio, el gobierno movilizó a fuerzas civiles fuertemente armadas que trabajaron con la policía para despejar las barricadas levantadas en autovías estratégicas y en algunos vecindarios.
Además, hubo un breve dialogo entre gobierno y opositores, pero Ortega acusó a los obispos que mediaron en el proceso de formar parte de una conspiración para un golpe de Estado y los contactos no se reanudaron. El presidente culpó a agentes internacionales y a enemigos internos de conspirar para derrocar a su ejecutivo. El mandatario dijo que no dejará el cargo antes del final de la legislatura en 2021.
Las protestas siguen, pero son más pequeñas ya que los líderes estudiantiles fueron d etenidos o forzados a esconderse o exiliarse.
“En la actualidad, no existen las condiciones para el ejercicio libre y seguro de los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica”, apuntó el reporte de la ONU.
El equipo de la ONU alcanzó sus conclusiones pese a los obstáculos del ejecutivo. Los investigadores no pudieron acceder a agencias gubernamentales relevantes ni acudir como observadores a vistas judiciales de acusados de delitos que iban desde crimen organizado a terrorismo por su participación en las protestas. Cuando intentaron viajar fuera de la capital, Managua, el M inisterio de Exteriores se lo impidió alegando razones de seguridad.
Las detenciones arbitrarias se realizan sin órdenes de arresto o cateo, según Naciones Unidas. Los detenidos suelen estar incomunicados durante días hasta que sus familias averiguan donde están retenidos.
The Associated Press reportó este mes que estudiantes que participaron en las manifestaciones fueron detenidos, golpeados y torturados por policías y civiles armados. Una alumna embarazada fue golpeada pese a comunicar su situación a sus captores y acabó perdiendo al bebé.
Cuando algunas familias presentaron peticiones de habeas corpus ante los tribunales en un intento por dar con sus parientes desaparecidos, los casos se asignaron inicialmente a jueces fallecidos, de acuerdo con el informe de la ONU. Los investigadores del organismo creen que esta táctica buscaba demorar los procedimientos.
El lunes en la noche, un juez condenó a dos jóvenes por el asesinato del periodista Ángel Gahona el pasado 21 de abril en Bluefields. Su viuda, Migueliuth Sandoval, dijo el martes que los dos hombres son inocentes.
“Este fallo es humillante. No nos hace justicia porque sabemos que estos muchachos no acabaron con la vida de mi esposo, que quienes en verdad lo hicieron son miembros antimotines de la policía porque hay videos que así lo indican”, explicó Sandoval.
El reporte de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos instó al ejecutivo Ortega a detener de inmediato la persecución a los manifestantes y a desarmar a los civiles enmascarados que fueron responsables de muchos de los asesinatos y detenciones arbitrarias.
Más de 300 personas murieron desde mediados de abril a consecuencia de la violencia en la nación centroamericana. A la vecina Costa Rica llegaron miles de peticiones de asilo de personas que huyen del país.
El informe describió detenciones ilegales, torturas y la celebración de juicios a puerta cerrada. Médicos, profesores y jueces que se mostraron críticos o protestaron fueron cesados de su trabajo para disuadir a la población de participar o respaldar las protestas.
“El nivel de persecución es tal que muchos de los que han participado en las protestas, defendido los derechos de los manifestantes, o simplemente expresado una opinión disidente, se han visto forzados a esconderse, han abandonado Nicaragua o están tratando de hacerlo”, apuntó el informe.
El máximo responsable de Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra'ad al-Hussein, dijo a reporteros en Ginebra que la 'represión y las represalias contra los manifestantes siguen en Nicaragua mientras el mundo mira hacia otro lado”. Además, instó a la comunidad internacional a tomar “acciones concretas para evitar que la crisis actual en Nicaragua derive en una agitación social y política más profunda”.
A mediados de abril, jubilados y estudiantes salieron a la calle para protestar contra los recortes en la Seguridad Social decretados por Ortega. Enfrente se toparon con la violencia de los jóvenes partidarios del gobierno y de la policía antimotines. El dirigente retiró los cambios, pero los manifestantes exigieron entonces su renuncia.
Estudiantes universitarios de todo el país lideraron las protestas y tomaron el control de varios campus. En julio, el gobierno movilizó a fuerzas civiles fuertemente armadas que trabajaron con la policía para despejar las barricadas levantadas en autovías estratégicas y en algunos vecindarios.
Además, hubo un breve dialogo entre gobierno y opositores, pero Ortega acusó a los obispos que mediaron en el proceso de formar parte de una conspiración para un golpe de Estado y los contactos no se reanudaron. El presidente culpó a agentes internacionales y a enemigos internos de conspirar para derrocar a su ejecutivo. El mandatario dijo que no dejará el cargo antes del final de la legislatura en 2021.
Las protestas siguen, pero son más pequeñas ya que los líderes estudiantiles fueron d etenidos o forzados a esconderse o exiliarse.
“En la actualidad, no existen las condiciones para el ejercicio libre y seguro de los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica”, apuntó el reporte de la ONU.
El equipo de la ONU alcanzó sus conclusiones pese a los obstáculos del ejecutivo. Los investigadores no pudieron acceder a agencias gubernamentales relevantes ni acudir como observadores a vistas judiciales de acusados de delitos que iban desde crimen organizado a terrorismo por su participación en las protestas. Cuando intentaron viajar fuera de la capital, Managua, el M inisterio de Exteriores se lo impidió alegando razones de seguridad.
Las detenciones arbitrarias se realizan sin órdenes de arresto o cateo, según Naciones Unidas. Los detenidos suelen estar incomunicados durante días hasta que sus familias averiguan donde están retenidos.
The Associated Press reportó este mes que estudiantes que participaron en las manifestaciones fueron detenidos, golpeados y torturados por policías y civiles armados. Una alumna embarazada fue golpeada pese a comunicar su situación a sus captores y acabó perdiendo al bebé.
Cuando algunas familias presentaron peticiones de habeas corpus ante los tribunales en un intento por dar con sus parientes desaparecidos, los casos se asignaron inicialmente a jueces fallecidos, de acuerdo con el informe de la ONU. Los investigadores del organismo creen que esta táctica buscaba demorar los procedimientos.
El lunes en la noche, un juez condenó a dos jóvenes por el asesinato del periodista Ángel Gahona el pasado 21 de abril en Bluefields. Su viuda, Migueliuth Sandoval, dijo el martes que los dos hombres son inocentes.
“Este fallo es humillante. No nos hace justicia porque sabemos que estos muchachos no acabaron con la vida de mi esposo, que quienes en verdad lo hicieron son miembros antimotines de la policía porque hay videos que así lo indican”, explicó Sandoval.
