Un decreto firmado el 8 de febrero por el gobernador de la ciudad estado del Vaticano desató un acalorado debate el jueves, dado que sus cláusulas van mucho más allá de la naturaleza generalmente voluntaria de la vacunación contra el COVID-19 en Italia y gran parte del resto del mundo.
El decreto subrayó la necesidad de proteger a los empleados del Vaticano en el lugar de trabajo, así como las pautas emitidas por el propio comité de asesores del papa Francisco sobre el COVID-19, que ha establecido que hay una responsabilidad moral de inocularse “dado que negarse a recibir una vacuna representa un riesgo para los otros”.
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El decreto advierte que los trabajadores del Vaticano que opten por no vacunarse sin ofrecer un motivo médico se arriesgan a enfrentar sanciones que podrían incluir “la interrupción de la relación de empleo”. El Vaticano es una monarquía absoluta en el corazón de Roma que opera de manera independiente de la ley italiana y las protecciones laborales de Italia.
El Vaticano, que cuenta con unos 5,000 empleados, se enfila a convertirse quizá en el primer país en completar su campaña de vacunación para adultos, después que el servicio de salud de la Santa Sede inició la inoculación del personal y sus familias a inicios de enero con vacunas de Pfizer. El propio papa Francisco ya recibió la segunda dosis.
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