El Poder Ejecutivo ha convocado a diversos sectores del país a participar en varias mesas de diálogo para analizar y llegar a acuerdos sobre diversos temas de interés nacional. Una de ellas es la que se encargará de analizar un pacto fiscal y la reacción de varios profesionales consultados al respecto ha sido que el actual entorno no es propicio para llegar a consensos sobre un tema que de por sí es complejo.
En términos generales podemos definir que un pacto fiscal es un acuerdo entre el Estado y los distintos sectores sociales sobre temas presupuestarios, como ser el nivel y tendencia del gasto público, los ingresos fiscales requeridos para su financiamiento, la transparencia y la priorización en el uso de los recursos y los parámetros para administrar el presupuesto, entre otros. El objetivo es conformar un acuerdo que permita un adecuado manejo de las finanzas sin provocar desequilibrios que afecten al resto de los sectores económicos.
Generalmente, los componentes básicos de un pacto fiscal son los siguientes: a) Nivel de los déficits fiscales, para lograr mantener finanzas publicas balanceadas, evitando así el daño que causan los elevados déficits públicos; b. Nivel óptimo de ingresos, que es requerido para financiar el gasto público, buscando una carga tributaria progresiva y distribuida entre el mayor número de contribuyentes, evitando crear desincentivos para la inversión y afectar la competitividad de los sectores productivos; c. Calidad y eficiencia del gasto público, buscando un nivel óptimo del gasto que permita el funcionamiento eficiente y efectivo del gobierno; d. Focalización del gasto público en los servicios básicos que debe proporcionar el Estado, como ser seguridad, educación y salud e inversión en infraestructura; e. Evaluación, control y transparencia en el manejo de los recursos, con rendición de cuentas; f. Deuda pública, para lograr que la deuda se mantenga dentro de niveles sostenibles y g. Descentralización por medio de los gobiernos locales, los que también deben asumir compromisos.
Como se podrá apreciar de lo anterior, un pacto fiscal no debe ser visto como una opción para enfrentar situaciones particulares ni darle largas a temas coyunturales que deben ser resueltos por los gobiernos. Está claro que un pacto fiscal representa un esfuerzo serio de un gobierno y de los distintos sectores sociales para llegar a compromisos que permitan un presupuesto balanceado con déficits razonables, el aporte de todos los sectores para su financiamiento y medidas para lograr una ejecución de calidad, con eficacia y transparencia, que efectivamente contribuya a mejorar las condiciones de vida de la población y no únicamente de la clase política y de los funcionarios y empleados públicos. En otras palabras, lo que se busca es el consenso para lograr que el presupuesto sea un instrumento que propicie el desarrollo sostenible y garantizar la sostenibilidad fiscal en el mediano y largo plazo, con metas medibles y obligatorias.
Hasta la fecha, las pocas experiencias sobre el tema no han sido exitosas. Hace algunos años, con el apoyo de los organismos multilaterales se convocó a las organizaciones empresariales, sindicatos, gremios, sociedad civil, partidos políticos y otros a una serie de reuniones para lograr un pacto fiscal y al final no se pudo llegar a consensos de beneficio para el país. Cada representación asistió básicamente a defender sus intereses y sus conquistas.
Luego, un grupo de exfuncionarios públicos logró concertar un documento denominado Pacto Fiscal para un Desarrollo Sostenible con Transparencia y Rendición de Cuentas, animados de su preocupación y deseos de contribuir a mejorar las finanzas públicas, el cual inicialmente se trató de presentar a los candidatos presidenciales, previo a las elecciones de 2013, pero ninguno mostró interés. Posteriormente, se celebraron varios eventos públicos para difundir dicho documento e incluso se entregó a altos funcionarios del gobierno anterior, con los mismos resultados de poco interés.
Esperemos entonces que ahora que el gobierno está tratando de llevar el tema a una mesa de diálogo, sea motivado por un genuino interés de mejorar el manejo de las finanzas públicas y de lograr que el presupuesto se convierta en un verdadero instrumento de desarrollo sostenible con eficiencia y transparencia
