Un despliegue de tropas militares vestidos con su uniforme de batalla, envalentonados y probablemente armados, llegaron a las instalaciones del órgano electoral para sostener una reunión con el pleno de consejeros. La cita era para conocer el informe oficial de las FF AA sobre lo ocurrido el pasado 9 de marzo en las caóticas elecciones primarias.
Con actitud intimidatoria y a gritos de guerra ante los civiles del Consejo Nacional Electoral (CNE), provocaron la suspensión del encuentro. Intimidar el órgano electoral de Honduras no es solo un acto de fuerza irracional, es un golpe directo a la institucionalidad democrática y una señal alarmante de que los fantasmas del autoritarismo siguen rondando en el país.
Este hecho, ocurrido en un contexto de creciente tensión política en vísperas de las elecciones de noviembre, no puede ser visto como un incidente aislado. Es, más bien, la manifestación de una peligrosa tendencia en la que las Fuerzas Armadas, lejos de apegarse a su rol constitucional de garantes de la soberanía y el orden, se convierten en actores políticos al servicio de intereses partidistas.
La Constitución de la República es clara: las Fuerzas Armadas deben ser apolíticas, obedientes y no deliberantes. Su función es proteger la integridad territorial y colaborar en tareas de desarrollo, no intervenir en asuntos electorales ni servir como brazo ejecutor de agendas políticas. Sin embargo, lo ocurrido en el CNE demuestra que esta línea se ha cruzado de manera flagrante.
La amenaza militar no solo viola el principio de separación de poderes, sino que envía un mensaje amedrentador a la ciudadanía y a las instituciones encargadas de garantizar la transparencia y legitimidad de los comicios. Este acto de prepotencia militar no puede ser justificado bajo ningún argumento.
Si bien es cierto que el CNE ha sido objeto de críticas y controversias ahora y en el pasado, la solución a sus problemas no pasa por la fuerza y la gritería, sino por el diálogo, la auditoría y el fortalecimiento de los mecanismos de control.
La intervención de las Fuerzas Armadas en el órgano electoral no solo carcome la credibilidad del proceso, también abre la puerta a un escenario de ingobernabilidad y conflicto.
Las elecciones de noviembre representan una oportunidad crucial para que Honduras consolide su enclenque democracia. No obstante, este objetivo se ve seriamente comprometido cuando las instituciones encargadas de garantizar la transparencia y la imparcialidad del proceso son vulneradas por quienes deberían protegerlas.
La militarización de la política electoral no es solo un atentado contra la democracia, es una amenaza directa a la paz social y a la confianza de la ciudadanía en el sistema. Es imperativo que el gobierno, encabezado por la presidenta Xiomara Castro tome medidas inmediatas para rectificar este grave error.
Las Fuerzas Armadas deben ser replegadas y su intervención en asuntos electorales debe ser investigada y si hay evidencias de una falta, aplicar las sanciones correspondientes. Además, es fundamental que se refuerce la autonomía del CNE y se garantice que las elecciones se lleven a cabo en un ambiente de transparencia, respeto y equidad.
Honduras no puede permitirse retroceder a los tiempos en que los militares ponían y quitaban presidentes. La democracia, aunque imperfecta, es un logro que costó sangre, sudor y lágrimas. No podemos permitir que sea socavada por la prepotencia de unos pocos. Las FF AA deben volver a su rol constitucional.
Es hora de exigir respeto por la institucionalidad, transparencia en el proceso electoral y, sobre todo, que los militares cumplan su deber de proteger la democracia, no de destruirla. Porque, al final de cuentas, las elecciones no son un desfile militar, son la expresión de la voluntad popular. Y esa voluntad no puede ser silenciada ni a sombrerazos ni a gritos.
