Ya camina la posible conformación de una CICIH como órgano en el que la hondureñidad cifra sus esperanzas para por fin, castigar la corrupción. Un disuasivo a potenciales nuevos delitos de malversación de caudales públicos y abuso de poder. En adición lógica a procurar la recuperación de los dineros apropiados por ex funcionarios venales. Lo ideal sería que también fueran fiscalizados los servidores públicos en funciones, a fin de contar con otro disuasivo a las fechorías y que algunos lograrán quedar en la impunidad. Como ya sucede con quienes amparados por un Acuerdo de Cartagena (encantadora ciudad) gozan y gozarán de tanto recurso escalfado a los excluidos de Honduras. De las incongruencias del sistema político criollo. Dicen, en aras de la paz y la unidad. ¿Cuál? ¿Y a qué costo? Con las firmas en un documento de entendimiento, no un convenio, por el titular de la ONU y la presidenta Castro se aprecia un avance, que permite vislumbrar en el horizonte, aún lejano y con camino escarpado, la instalación de la Comisión añorada. Le damos el crédito que corresponde, contrario a quienes consideran la acción solo como un elemento a utilizar en una campaña mediática y no un paso cierto a la concreción de una de las promesas que les consiguieron votos a la alianza ganadora en las recién pasadas elecciones. Persiste la idea, por las prácticas que les son conocidas, “de cambiar para que no cambie nada”. Porque la tendencia del lado oscurísimo del sistema político hondureno, sin exclusiones ideológicas, que lo hay en todos los partidos políticos, es mantenerse unidos si, en su objetivo similar, el de apropiarse y usufructuar en su provecho personalísimo, de la cosa pública. Para evitarlo es que nos vemos obligados a recurrir a organismos internacionales para que impartan justicia, la función sagrada que solo corresponderia realizar a hondureños. A lo que llegamos. Pero la CICIH tiene que ser autónoma de este y de futuros gobiernos, sino sería otra burla al pueblo hondureno.
