Dos propuestas de la presidenta Castro cohesionan la nación: la recuperación del Estado de derecho y el combate a la corrupción y la impunidad. El apoyo general fundado en que sea la primera mujer presidenta de la República, fue sacudido.
La agresión al Poder Legislativo con que se estrenó, en terrible embate a la división de poderes, uno de los cuatro pilares del Estado de derecho, le pedimos con civismo y respeto pero en forma enérgica, que sea solo un hecho aislado que no volverá a repetirse y no una constante que termine de destruir el Estado de derecho que se comprometió a reconstruir. El pueblo lo constituimos nueve millones de habitantes, no solo el 1.2 millones de votos de su partido y 500 mil de otros partidos.
En la sesión preparatoria en que fue electo Jorge Cálix como presidente de la junta directiva provisional del Congreso Nacional se percibieron errores de procedimiento, y hasta faltas éticas, pero fue legal. Se presentó una manifestación que calzaba las firmas que la fiaban, el convocante pronunció, “ se somete a discusión, se aprueba, queda aprobada”.
Con lo anterior no cabía otra propuesta por cuanto había sido agotado el tema, de acuerdo con el proceso legislativo. Lo preferible hubiera sido que cada parte hiciera su propuesta y fuera votada, pero en ese caso ya no procedía. Más de 80 diputados propietarios la avalaron. El juramento ante un diputado de la junta directiva electa a continuación por no más de 48 diputados propietarios, carece de eficacia legal. La Gaceta no valida la nulidad que reviste desde el inicio.
Es inconcebible la ambigüedad expuesta por profesionales del derecho: en vez de dar luz, confunden y atizan el conflicto. No hay interés personal en ninguna de las dos posiciones confrontadas, solo vocación por la paz y la legalidad en Honduras.
Lo confirmó la jueza Karen Romero, paladina de la ley, valiente, como la presidenta Castro lo asintió, para devolvernos la esperanza en que sí es firme su compromiso por la recuperación del Estado de derecho.
La agresión al Poder Legislativo con que se estrenó, en terrible embate a la división de poderes, uno de los cuatro pilares del Estado de derecho, le pedimos con civismo y respeto pero en forma enérgica, que sea solo un hecho aislado que no volverá a repetirse y no una constante que termine de destruir el Estado de derecho que se comprometió a reconstruir. El pueblo lo constituimos nueve millones de habitantes, no solo el 1.2 millones de votos de su partido y 500 mil de otros partidos.
En la sesión preparatoria en que fue electo Jorge Cálix como presidente de la junta directiva provisional del Congreso Nacional se percibieron errores de procedimiento, y hasta faltas éticas, pero fue legal. Se presentó una manifestación que calzaba las firmas que la fiaban, el convocante pronunció, “ se somete a discusión, se aprueba, queda aprobada”.
Con lo anterior no cabía otra propuesta por cuanto había sido agotado el tema, de acuerdo con el proceso legislativo. Lo preferible hubiera sido que cada parte hiciera su propuesta y fuera votada, pero en ese caso ya no procedía. Más de 80 diputados propietarios la avalaron. El juramento ante un diputado de la junta directiva electa a continuación por no más de 48 diputados propietarios, carece de eficacia legal. La Gaceta no valida la nulidad que reviste desde el inicio.
Es inconcebible la ambigüedad expuesta por profesionales del derecho: en vez de dar luz, confunden y atizan el conflicto. No hay interés personal en ninguna de las dos posiciones confrontadas, solo vocación por la paz y la legalidad en Honduras.
Lo confirmó la jueza Karen Romero, paladina de la ley, valiente, como la presidenta Castro lo asintió, para devolvernos la esperanza en que sí es firme su compromiso por la recuperación del Estado de derecho.
