Existe el Sistema de Integración Centroamericano (Sica), pero nadie sabe dónde y para qué existe. El único organismo de integración que se conoce, por la enorme cantidad de dinero que maneja, es el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), mismo que otorga préstamos a los gobiernos de los países miembros del Sistema.
Originalmente, el Sica estaba integrado por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador. Posteriormente se adhirieron Belice y República Dominicana como miembros plenos. El organismo ha ido creciendo con la incorporación de observadores regionales y extrarregionales. Para la realización de los fines del Sica se han establecido, entre otros, el Parlamento Centroamericano (Parlacen) y la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ).
El Parlacen funciona desde 1991 con diputados electos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá. Tiene su sede en Guatemala y cuenta con subsedes en los Estados que lo integran.
La propuesta original señalaba que los diputados al mismo se iban a elegir en voto secreto y directo; en el caso particular de Honduras, que aporta 20 parlamentarios, estos se eligen por cociente electoral, de esa manera, los votantes nunca ven en las planillas las candidaturas a ese organismo regional; habría que pensar que los partidos eligen a los diputados a la voluntad de sus dirigentes.
De acuerdo con los resultados del último proceso electoral, el Partido Libre logró 10 diputados, Partido Nacional 8 y Partido Liberal 2, entre los electos hay algunos que habían sido señalados por actos de corrupción y por otros delitos. Existe la opinión generalizada que este es un elefante blanco y que no tiene resultados visibles en interés de los pueblos.
Otra institución integrante del Sica es la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), este es el órgano judicial de la institución mencionada y está conformado por los mismos miembros que integran el Parlacen. Los magistrados titulares y suplentes son electos por las Cortes Supremas de Justicia de los Estados.
Por Honduras, los magistrados titulares y suplentes fueron escogidos por intervención de Juan Orlando Hernández en 2017. Por un acomodo bipartidista, se nombró a los profesionales Óscar Chinchilla, quien fue propuesto cuando todavía ocupaba la titularidad del Ministerio Público en su primer período, y a Vera Sofía Rubí, quien, para ser nombrada, no contó con el apoyo de los organismos de dirección del Partido Liberal, recibiendo, a cambio, el respaldo de personas muy ligadas al partido que no tenían responsabilidad de dirección. De esta manera se resolvían los problemas en el gobierno anterior.
Chinchilla solicitó un permiso al organismo regional por el tiempo que durara en el cargo de fiscal, en su segundo periodo. Una vez que vacó en sus funciones, solicitó su incorporación, solicitud que se resolvió en tiempo récord. Chinchilla, a pesar de que muchos lo señalaban de estar ligado con el crimen organizado, salió de Honduras sin ninguna denuncia y ahora disfruta en el país de los lagos y volcanes
