No estoy en contra de las asociaciones público-privadas cuando se realizan en áreas donde verdaderamente se necesitan y siempre y cuando no estén hechas con ventajismos para los empresarios. Tampoco estoy en desacuerdo con los peajes, siempre y cuando sean las empresas concesionarias las que reconstruyan las carreteras con su propio dinero, no entregarles las que ya están en óptimas condiciones.
En Honduras algunas concesiones se han manejado muy mal y despiertan sospechas.
Señalo lo anterior para decir que la ley que dio vida a Coalianza se sobrepasó y está haciéndole daño a Honduras.
Es una normativa abusiva ya que le otorga un estímulo del dos por ciento de las privatizaciones a esa institución, lo que le ha reportado utilidades de 600 millones de lempiras desde el año 2013, cuando se entregó de mal forma la carretera CA-5 a un consorcio extranjero, ni siquiera es nacional.
Darle una comisión por ventas a una institución pública es la cosa más absurda y peligrosa que se haya visto en materia de políticas gubernamentales en Latinoamérica, al hacerlo estimulan la privatización desenfrenada en detrimento del bolsillo de la mayor parte de los ciudadanos.
La experiencia del manejo empresarial de servicios públicos, sean carreteras o placas vehiculares, han significados nuevas inversiones en el país, pero a un alto costo para los consumidores.
A Coalianza hay que ponerle freno, no es posible que algunos de sus funcionarios pasen elucubrando o inventando nuevas privatizaciones, o en el peor de los casos buscando con quien hacer “negocios”.
Al ritmo que va esa institución podríamos llegar al punto de vender hasta el aire que respiramos. Para detener esta carrera por las privatizaciones se debe reformar la ley que dio vida a las asociaciones público-privadas, la cual en su concepción tuvo sanas intenciones, pero en la práctica ha resultado negativa.
Es este tipo de acciones gubernamentales las que alimentan la consigna de “fuera JOH”, errar es de humanos y rectificar es de sabios.
