El brutal paso de la tormenta tropical Sara por Honduras ha dejado ríos desbordados, carreteras y comunidades anegadas de agua. En el último informe de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), más de 85 mil personas han sido afectadas por las lluvias intensas, inundaciones imprevistas y deslizamientos de tierra, que son una amenaza latente de una catástrofe mortal, como sucedió con el Fifí, Mitch, Eta y Iota, una larga cadena de desastres que han azotado nuestro país.
Al gobierno “socialista” no le queda más que extender las alertas en Honduras, uno de los países más vulnerables del mundo, arreciada por fenómenos naturales y donde queda al desnudo el nivel de fragilidad con pocas horas de lluvia. Un país como este, donde todo se planifica a última hora, cualquier aguacero se vuelve devastador, dejando a su paso una estela de destrucción y sufrimiento. Las inundaciones, los deslizamientos de tierra y los vientos huracanados arrasan infraestructuras, viviendas y, lo más trágico, vidas humanas. La incapacidad estatal frente a estas calamidades es una amenaza persistente porque la emergencia requiere de respuestas rápidas y efectivas.
Más allá de los decretos de emergencia, que sirven para “albergar” prácticas corruptas en la gestión de recursos y compras directas, es necesario implementar políticas públicas diseñadas para facilitar la adquisición rápida de suministros y servicios esenciales, evitando que sean manipuladas por actores corruptos que buscan beneficiarse a costa del sufrimiento de la gente.
La falta de transparencia y supervisión en estos procesos es la “tormenta perfecta”, que se manifiesta de varias maneras: sobreprecios, contratos sin licitación, y acuerdos con empresas vinculadas a funcionarios públicos. Con estas prácticas, no solo se desvían recursos que deberían destinarse a la ayuda inmediata, sino que también resultan en la adquisición de bienes y servicios de baja calidad, ineficaces o, en el peor de los casos, inexistentes.
Ya es hora, contra “viento y marea”, de mitigar estos riesgos e implementar estrictas medidas de transparencia y rendición de cuentas en todas las etapas de la gestión de emergencias. Esto incluye la publicación detallada de los contratos y adquisiciones, así como la auditoría independiente de los fondos destinados a la respuesta a desastres. Además, es fundamental fortalecer las instituciones encargadas de la supervisión y el control, dotándolas de los recursos y la independencia necesarios para llevar a cabo su labor de manera efectiva.
La participación de la sociedad civil también es esencial. Las organizaciones no gubernamentales y los medios de comunicación deben arremangarse los pantalones y meterse en estas aguas, involucrarse en la vital vigilancia de las acciones gubernamentales y en la denuncia de irregularidades. La educación y la concienciación pública sobre la importancia de la transparencia y la lucha contra la corrupción son herramientas poderosas para fomentar una cultura de integridad y responsabilidad. Y esto no solo pone a prueba la
resiliencia de las comunidades afectadas, sino también la
integridad y capacidad de
cualquier gobierno, cuyo único objetivo debe ser la protección y el bienestar de su población,
y no aprovecharse de estas
crisis, que inunda la responsabilidad fundamental, exacerbando el sufrimiento de los más vulnerables.
El impacto de la corrupción es más devastador que las lluvias; por eso, urge -como dicen ustedes- que cada compra directa sea supervisada por entes independientes. No es solo una cuestión de legalidad, sino de ética y humanidad. En medio de desastres, la integridad y la transparencia son esenciales para proteger vidas y conciencias, estas últimas suelen ser lavadas bajo las tormentas de impunidad.
