Sin lugar a duda, que uno de los problemas más sentido por la población es el tema de seguridad. En todas las encuestas de opinión pública se constata lo anterior. En atención a esa demanda nacional, que ha sido permanente desde que, como resultado de la aplicación de políticas orientadas a la implementación de un modelo económico basado en el libre mercado y los tratados de libre comercio, que a juicio de muchos investigadores ha sido el detonante para el surgimiento de altos niveles de descomposición social, en los que aparece como su mayor expresión distintas formas de violencia; es la razón por la cual, políticos de todas las tendencias están poniendo en sus agendas electorales y de gobierno, el tema en cuestión.
La presidenta Xiomara Castro, en reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), el día 14 de junio, aprobó medidas de seguridad que ella misma las ha calificado de “radicales”. Se sabe las causas de la violencia, pero resulta más barato darle tolete a la gente, que repartir justicia y sana gobernanza para promover el desarrollo de la nación.
¡Tanta promesa que está quedando en los anaqueles de la historia! Todavía resuenan en el recuerdo las palabras de la presidenta Castro, cuando siendo candidata, en encendidos discursos repetía y repetía la promesa de “regresar a los militares a sus cuarteles” y en voz en cuello proponía eliminar toda la institucionalidad creada por la “dictadura cachureca”, incluyendo el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, por considerarlo ilegal al comprometer la independencia de los otros poderes del Estado, quienes en obediencia palaciega asisten en grupo a discutir y recibir órdenes como de un poder cortesano.
Las acciones aprobadas, por declaraciones de los mismos miembros del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, se inspiran en las medidas adoptadas por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, sin tomar en cuenta que las condiciones de Honduras no son iguales a las del vecino país. En El Salvador, la política de seguridad fue una iniciativa del Ejecutivo, aprobada y respaldada por toda la institucionalidad, aprovechando el control que aquel gobierno tenía de toda la institucionalidad.
Bukele contaba y sigue contando con una mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa, cuestión que permitió las reformas legales para la acción de combate a la delincuencia, aspecto que teóricamente no sucede en Honduras, donde la gobernante tiene que lidiar con una oposición, que, aunque muy debilitada políticamente, en este tema, en las propuestas de seguridad de la presidenta Castro, de apoyarlas, podría estarse jugando su futuro electoral.
Lo que hacen los políticos en Honduras no lo hacen por obligación ciudadana, lo hacen para lograr el reconocimiento y el favor de los electores para mantenerse y seguir en el poder en el próximo periodo. Más que buscar la continuidad de políticas de Estado, buscan la continuidad del partido y de sus dirigentes. Esto es lo que hace mantener una permanente desconfianza de la población en los políticos y aunque una causa sea justa, ellos la pervierten porque siempre tienen, bajo la manga, los verdaderos intereses que los motivan en su accionar.
