Por fin, después de muchos años, el Congreso Nacional aprobó la Ley Electoral, instrumento legal bajo el cual se realizará el proceso electoral que se convocará este día.
Aunque los políticos obviaron una vez más tratar temas que son vitales para el fortalecimiento de la democracia, como la segunda vuelta electoral y el tema de la reelección presidencial, que detonó el conflicto político que puso al país en vilo en 2017, la decisión ha sido saludada por varios sectores sociales, e incluso, por los representantes de la embajada de los Estados Unidos en Tegucigalpa.
Sin embargo, es cuestionada por los miembros de los partidos llamados “pequeños”, que la han calificado como “una ley discriminatoria”, especialmente en lo que se refiere a la integración de las mesas electorales.
Para el Consejo Nacional Anticorrupción, las reformas aprobadas “son una nueva jugada política” de los tres partidos tradicionales, los que tendrán el control total de las Juntas Receptoras de Votos “sin que nadie les supervise”.
En medio de los desacuerdos, está claro que la no aprobación de la nueva legislación ponía al país al borde de una nueva confrontación política por la falta de reglas claras para las elecciones que se celebrarán este año.
Los dirigentes políticos tienen que saberlo y estar claro de ello, y dar paso a la realización de un proceso en el que se respete la legislación vigente. La estabilidad política, económica y social del país depende de ello. El reto está sobre la mesa, y, principalmente, en las manos del cuestionado -por su papel en el proceso de las elecciones internas de marzo pasado- Consejo Nacional Electoral, el que ahora está llamado a generar la confianza y transparencia que demanda la sociedad en este proceso, y asegurar que la voluntad de la ciudadanía expresada en las urnas será respetada. El camino para dejar atrás “las elecciones estilo Honduras” será largo y tortuoso, pero por el bien y el fortalecimiento de la endeble democracia, se tiene que recorrer.
