Una Organización No Gubernamental (ONG), según las Naciones Unidas, es “cualquier grupo de ciudadanos voluntarios sin ánimo de lucro que surge en el ámbito local, nacional o internacional, de naturaleza altruista y dirigida por personas con un interés común”. Mientras que la Ley de Fomento para las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD), aprobada por el Congreso Nacional en 2011 para garantizar “el buen funcionamiento de las mismas”, las define como entidades “que desarrollan actividades con los (sic) cuales promuevan (sic) la solidaridad entre los hondureños”.
Como bien sabemos, estas instituciones que surgieron tras la II Guerra Mundial y que en su mayoría se dedican a luchar contra la pobreza y la exclusión social, también son utilizadas como medio para la corrupción. Fue esa la razón por la que Finanzas anunció que había sido congelado el Fondo de Desarrollo Departamental de los diputados, al cual el Congreso le aprobó unos 400 millones de lempiras para este año. Estos recursos son manejados por instituciones privadas, algunas de dudosa reputación. De allí que también Finanzas haya anunciado la certificación de 256 ONG que manejan proyectos sociales con fondos públicos. Estas entidades administran 1,500 millones de lempiras de tres secretarías: Educación, Salud y Finanzas.
Las autoridades dispondrán de una nueva plataforma tecnológica para certificar a estas ONG, las cuales deberán cumplir con nuevos requisitos a partir del próximo mes. De esta manera se espera controlar el uso de los recursos, asegurar la transparencia, prevenir el lavado de activos y atacar la corrupción.
Enhorabuena por la iniciativa que es buena y hay que estar vigilantes para que rinda los resultados esperados. Sin embargo, se deben esclarecer los casos de ONG señaladas por actos de corrupción, que han drenado millonarios recursos del pueblo hondureño, privándole de las necesarias obras sociales en las cuales debieron ser utilizados. Caiga quien caiga, como ha dicho el Presidente
