Imparables, por parte del crimen organizado, pero también motivadas por venganzas por asuntos de disputa de tierras, herencias, por parte de familias enfrentadas y que optan por recurrir a la violencia revanchista para zanjar agravios y disputas. Las más recientes han ocurrido en Catacamas, con trágico saldo de cuatro víctimas mortales y un herido. El departamento de Olancho ha presenciado a lo largo de su historia el derramamiento de sangre que nuevamente enluta a hogares y comunidades, que al momento de escribir esta nota editorial, es golpeada con la misma intensidad que en ciudades como Comayagüela y Choloma.
Los ajusticiamientos, el decomiso de arsenales de armas de fuego en poder de particulares sin contar con la respectiva licencia para su portación, el hallazgo de cementerios clandestinos, los secuestros y tráfico de personas forman parte de un tétrico escenario que ahonda más y cada vez con mayor inseguridad e impunidad en que transcurren nuestras existencias. Campean el temor y la zozobra, que se perciben de diversas maneras, entre ellas el creciente número de empresas privadas dedicadas a brindar protección y vigilancia tanto a negocios como a particulares. Quienes cuentan con amplia capacidad económica adquieren vehículos blindados y/o contratan guardaespaldas, lo que no garantiza absoluta salvaguardia de vidas y bienes.
¿Qué hacer entonces? A la par de la represión estatal deben ir de forma paralela las medidas preventivas, el desarme generalizado, la estrecha colaboración con las fuerzas policiales y de inteligencia de los países vecinos, entre muchas otras medidas.
Las autoridades policiales no deben asumir actitudes de rechazo a las críticas y sugerencias positivas y constructivas de los medios informativos y la sociedad civil encaminadas a una más efectiva prestación del “servir y proteger” a sus compatriotas
