En el inicio de la celebración de la Semana de los Derechos Humanos en Honduras, las autoridades del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) han traído nuevamente a discusión uno de los temas más dramáticos en esta materia: el desplazamiento forzado.
La violencia generada por maras y pandillas, entre otros grupos irregulares, y el creciente cobro de la extorsión, son solo algunas de las causas que obligan a los ciudadanos a dejar sus hogares, sus comunidades, para ir en busca de lugares más seguros, en los cuales puedan preservar sus vidas.
Aunque este es un tema del que muy poco se trata en el país, los datos expuestos por el Conadeh deben ser un llamado de alerta para que las autoridades competentes del Estado actúen con diligencia para salvaguardar la vida y los bienes de las víctimas de este delito.
El Conadeh dijo que, según sus registros, entre el 2016 y el 2023 al menos 8,249 personas estuvieron en riesgo y, en el peor de los casos, tuvieron que abandonar su lugar de residencia para salvaguardar su integridad física y su vida, y que entre las principales causas están las amenazas, las extorsiones, los asesinatos de miembros de la familia y las tentativas de homicidio.
Y hay que aclarar que esas son cifras de las personas que presentaron una queja formal ante este organismo, pero se estima que el número de personas que en estos momentos se enfrentan a estos riesgos es muchísimo mayor.
A la luz de las cifras expuestas, las políticas de seguridad impulsadas por las autoridades de Seguridad, entre las que resalta el toque de queda, no están dando los resultados esperados.
Las consecuencias sociales, económicas y políticas a las que se enfrentan los desplazados son innumerables; garantizar su seguridad y el pleno respeto a sus derechos humanos es una responsabilidad del Estado.
