A medida que se van revelando hechos adicionales de mal manejo de fondos públicos, y de préstamos contratados con organismos de crédito internacional, debidamente constatados por la Unidad Investigativa de
Diario EL HERALDO, tras exhaustivas indagatorias respaldadas por documentación pertinente, la población va conociendo en detalle la magnitud del saqueo y despilfarro perpetrados por el anterior gobierno.
De acuerdo con el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), la corrupción le ha costado al Estado 254,058 millones de lempiras entre el 2014-2018, alrededor del 12.5% del PIB. El fiscal de la Unidad Especial contra Redes de Corrupción, Luis Javier Santos, declaro: “La corrupción ha avanzado tanto que está institucionalizada… hay instituciones en las que hay mafias de corrupción que están dispuestas a todo con tal de no perder los privilegios”.
La actual administración debe hacer frente a esta realidad, además del elevado y oneroso endeudamiento interno y externo, público y privado, contraído en las últimas décadas.
Por si todo esto fuera poco, el colapso financiero de entes estatales como la ENEE y Hondutel, en calamitosa situación terminal, con deficientes administraciones, contratos amañados, excesiva burocracia, incrementada con el otorgamiento de nombramientos a granel -y a última hora- a activistas y personal laborando por acuerdo.
Como si todo esto fuera poco, se adjudicaron prestaciones a funcionarios de confianza, desempeñando elevados cargos al igual que sueldos permanentes a los diputados suplentes. Todo esto, además de antiético, constituye un evidente abuso de poder, algo sancionado por nuestra legislación.
No es posible continuar actuando con absoluta secretividad e impunidad para evadir el escrutinio público y la auditoría forense al igual que los blindajes incorporados al Código Penal vigente al reducir o conmutar penas.
De acuerdo con el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), la corrupción le ha costado al Estado 254,058 millones de lempiras entre el 2014-2018, alrededor del 12.5% del PIB. El fiscal de la Unidad Especial contra Redes de Corrupción, Luis Javier Santos, declaro: “La corrupción ha avanzado tanto que está institucionalizada… hay instituciones en las que hay mafias de corrupción que están dispuestas a todo con tal de no perder los privilegios”.
La actual administración debe hacer frente a esta realidad, además del elevado y oneroso endeudamiento interno y externo, público y privado, contraído en las últimas décadas.
Por si todo esto fuera poco, el colapso financiero de entes estatales como la ENEE y Hondutel, en calamitosa situación terminal, con deficientes administraciones, contratos amañados, excesiva burocracia, incrementada con el otorgamiento de nombramientos a granel -y a última hora- a activistas y personal laborando por acuerdo.
Como si todo esto fuera poco, se adjudicaron prestaciones a funcionarios de confianza, desempeñando elevados cargos al igual que sueldos permanentes a los diputados suplentes. Todo esto, además de antiético, constituye un evidente abuso de poder, algo sancionado por nuestra legislación.
No es posible continuar actuando con absoluta secretividad e impunidad para evadir el escrutinio público y la auditoría forense al igual que los blindajes incorporados al Código Penal vigente al reducir o conmutar penas.
