Continúa el despido de personal laborante en dependencias estatales, no por causales de incapacidad, comisión de actos indisciplinarios o cualquier otra contemplada en el Código de Trabajo. La justificación que se esgrime es que no milita en el partido hoy en el poder, lo que revela en sumo grado el nivel de sectarismo y fanatismo que prevalece en la administración pública, en que la lealtad política prevale por sobre la capacidad, años de servicio, experiencia acumulada.
Se está violando abierta y flagrantemente la legislación laboral y los derechos adquiridos por las y los asalariados.
El despido de enfermeras en el Hospital Escuela se inscribe en este canibalismo perpetrado sistemáticamente, que irrespeta el servicio civil abiertamente.
En ningún régimen previo al actual se había dado tal grado de persecución de personal auxiliar y profesional prestando sus servicios en entes centralizados y centralizados, algo que provoca pérdidas económicas para los presupuestos familiares además del impacto emocional resultante, particularmente, cuando la o el despedido es el único que percibe ingresos en el hogar.
Las alternativas que le quedan son bien intentar insertarse en el mercado laboral en el sector privado, ingresar al sector informal de la economía bien optar por abandonar el país en búsqueda de sustento para su entorno familiar, algo cada vez más difícil, habida cuenta que las naciones de destino cierran cada vez mas herméticamente sus puertas a los migrantes, a quienes ven como indeseables no bienvenidos. El grado de inhumanidad que demuestran, le pasará factura cuando llegue el momento del relevo presidencial vía elecciones. Será entonces cuando tal vez se percate, finalmente, que el actuar con prepotencia, revanchismo y discriminación conlleva, más temprano que tarde, la pérdida de confianza y respaldo por parte de la ciudadanía. Será entonces muy tarde para rectificar lo perpetrado
