Que Honduras es una de las naciones más vulnerables a los fenómenos naturales no es un descubrimiento nuevo. Eso lo sabemos desde hace mucho tiempo y hoy en día solo lo ratificamos con los graves daños a la infraestructura, los cultivos, la ganadería y las viviendas que está dejando a su paso por el Caribe la tormenta tropical Sara.
Hoy, como ayer, los hondureños se enfrentan a este tipo de fenómenos confiados en que las autoridades de turno volverán sus ojos a ellos y les tenderán la mano con ayudas, al menos para que superen la fase inicial de la tragedia.
Porque pasadas unas semanas o meses, se olvidarán de ellos y deberán solos hacerle frente a sus problemas con el fin único de seguir adelante.
Desgraciadamente, el país no cuenta con políticas públicas sostenidas en el tiempo para empezar con seriedad a tomar las acciones y decisiones para hacer frente a las lluvias, los huracanes, las tormentas tropicales y las inundaciones, en invierno; y a los incendios forestales y las sequías, en verano.
La gestión de proyectos de infraestructura diseñados para resistir eventos climáticos extremos, los programas de reforestación y conservación de los bosques, la gestión del agua, la promoción de prácticas agrícolas sostenibles, son solo algunas de las acciones que deben adoptarse con urgencia.
La educación ambiental debería ser también un componente vital en el futuro cercano.
Y todo debería planificarse con una visión de largo plazo que comprometa a los gobiernos, sin importar su ideología, a darle continuidad a los mismos.
Tras el paso devastador de Sara por nuestro territorio, permitirnos como país definir esas nuevas estrategias debería ser el propósito de todos y todas, sin distingos de ninguna clase.
