Hay una fuerza laboral de 22.1 millones de personas de las cuales 1.1 millón están desempleadas, mientras que 9.3 millones trabajan en la informalidad urbana. Por ende, el problema más acuciante es el trabajo en condiciones precarias y sin acceso a la seguridad social.
El 51.2 por ciento de quienes trabajan lo hacen en una relación de dependencia (asalariados públicos y privados). Alrededor de tres cuartas partes de los empleos están en micro o pequeñas empresas. En el sector rural este porcentaje llega al 82 por ciento. Para la formulación de adecuadas políticas públicas orientadas a la generación de empleo productivo hay que tomar en cuenta ese locus privilegiado que son las pequeñas empresas formales. Más aún si son parte de eslabonamientos productivos que alienten el trabajo decente que respeta los derechos laborales, permite el acceso a la seguridad social y donde el diálogo social es herramienta para mejorar la condición de quienes trabajan y contribuya al éxito de las empresas.
La población joven económicamente activa es de casi cinco millones de personas. Medio millón están en el desempleo abierto. La tasa de desempleo juvenil es de 9.2 por ciento y la proporción respecto del desempleo total es 40.9 por ciento. Los jóvenes ni-ni (no estudian ni trabajan) son 3.7 millones y 64 por ciento son mujeres. El panorama del empleo juvenil no es alentador. Resulta indispensable promover políticas que alienten, para todos los ciudadanos de los países del Sica, posibilidades reales de prosperidad, especialmente para la juventud.
Se debe reflexionar cómo articular mejor el combate contra el trabajo infantil y la promoción del empleo juvenil. La entrada temprana al mundo del trabajo aleja de la educación y capacitación necesarias para que los niños, sus familias y sus comunidades progresen. El trabajo infantil mina la gobernabilidad democrática, puesto que la construcción de sistemas políticos representativos y pluralistas, exige equidad e igualdad de oportunidades desde la infancia.
Las estadísticas no deben esconder los rostros concretos de hombres y mujeres –adultos, jóvenes e infantes- que no la están pasando bien y cuyos horizontes no son alentadores. Conviene destacar que, a cualquier edad, quienes peor la pasan son las mujeres; no obstante sean mayoría en algunos de países y constituyan la generación de mujeres mejor educadas en la historia. Ello, desafortunadamente, no se traduce en igualdad de oportunidades en el mundo del trabajo.
Hay dos temas que no pueden estar al margen al analizar el mundo del trabajo en Centroamérica, Panamá y República Dominicana. El salario, incluido el mínimo, por la función que puede cumplir para mejorar la inclusión social y la productividad de las empresas. Es indispensable que las democracias de la región usen todo su vigor para hacer respetar la libertad sindical y que se aliente un amplio proceso de educación para que la negociación colectiva pueda desplegar todas sus virtualidades respecto de la construcción de economías más eficientes e inclusivas, indispensables para un combate efectivo contra la pobreza.
En las Américas se ha venido consolidando, desde hace una década, el convencimiento de que la generación de trabajo decente, tal como lo define la OIT, constituye la mejor vía para superar la pobreza y afianzar la gobernabilidad democrática. El pasado diciembre los Jefes de Estado de los países miembros del Sica expresaron: “Acordamos avanzar hacia una Agenda para el Desarrollo, con posterioridad al 2015, que promueva el progreso social y económico incluyente. Dicha agenda deberá incorporar la generación de empleo productivo y trabajo decente como la prioridad más acuciante para impulsar la gobernabilidad democrática y el desarrollo sustentable”.
Tal tarea es impostergable.
