La Sala de Sentencias de esta capital declaró la madrugada de este viernes culpables de los delitos de cohecho y lavado de activos a tres altos funcionarios del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) por el caso de coimas, en la trama de corrupción de esta entidad.
Los jueces declararon culpables al ex director del Seguro Social, Mario Zelaya Rojas, y a los ex viceministros de Trabajo, Carlos Montes, y de Salud, Javier Pastor.
La lectura del fallo estaba convocada para el jueves a las 5:30 de la tarde, pero se inició casi a las once de la noche y se postergó a la una de la mañana.
Los requerimientos fueron planteados por la Fiscalía por cohecho y lavado de activo, derivados del pago de coimas a los tres ex funcionarios por parte de los ejecutivos y socios de la empresa Cosem (Compañia de Servicios Múltiples S de R L), Óscar Lainez y Jorge Daniel Herrera, conocidos como 'Los Tetos'.
'Los Tetos' pagaron 2.5 millones de dólares a Mario Zelaya; 235 mil dólares a Pastor y 150 mil dólares a Montes como coimas para que estas personas les aceleraran el pago de un millonario contrato de Cosem con el Seguro Social.
El Ministerio Público emitió esta madrugada un comunicado en el que subraya que 'el Ministerio Público, a través de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) y con el acompañamiento de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), logró hoy una nueva Sentencia Condenatoria en el sonado caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), en el expediente instruido por Lavado de Activos y Cohecho Pasivo Impropio en contra del exdirector de ese centro asistencial, Mario Roberto Zelaya Rojas, el ex viceministro de Salud, Javier Rodolfo Pastor Vásquez y el ex viceministro de Trabajo y Seguridad Social, Carlos Montes Rodríguez'.
En esta causa, durante el desarrollo del debate del Juicio Oral y Público se estableció que los imputados, recibieron por sí y a través de otras personas, cantidades de dinero superiores a los 51 millones de lempiras a cambio de agilizar pagos consecuencia de los contratos suscritos entre empresas privadas y el IHSS, dice.
El Ministerio Público explicó que estas operaciones financieras nacionales e internacionales que provocaron la incorporación de recursos de fuente ilícita al sistema bancario hondureño, comienzan en el año 2011 a raíz que Mario Zelaya solicitó millonarias coimas a la Compañía de Servicios Múltiples (COSEM) a cambio que Javier Pastor y Carlos Montes, ambos miembros de la Comisión de Verificación del contrato denominado “Contratación de Servicios Profesionales de Organización, Digitación, Automatización, Sistematización de Archivos y Bases de datos de Planillas y Tarjetas de Afiliación de la Cuenta Individual del IHSS”, que fue aprobado por un monto de L. 376,318,250.00 / $ 19,775.000.00, les agilizaran los trámites y no les pusieran ninguna objeción al momento de efectuar los pagos.
Y agrega que esto derivó en una serie de transacciones atípicas que el Ministerio Público logró documentar, pese a que los imputados trataron de ocultar su origen ilícito, siendo beneficiado Mario Zelaya con $ 2,131,924.00, a través de pagos a las empresas C&M Motors ($.28,200.00 a compañía constituida en EEUU por Carlos Zelaya), Destinos de Éxito ($.20,000.00 para compra de pasajes), Inversiones Novaterra ($.513,040.00 para compra de inmuebles), Inversiones y Desarrollo Ética ($.359,000.00 para compra de inmuebles), Mahony Title Land Service ($.1,080,000.00 para compra de bienes en EEUU) y REASA ($.5,684.00 para compra de vehículo), así como pagos a Mario Zelaya Palencia ($.21,000.00), Vanessa Velásquez Lanza ($.70,000.00) y Natalia Patricia Ciuffardi Castro ($.35,000.00).
En el caso del viceministro de Salud Javier Pastor se precisa que recibió dadivas de $.235,00.00 de las cuales $.85,000.00 fueron en transferencias directas a el mismo y $.150,000.00 a nombre de Mariscos Hybur un negocio propiedad de la familia de la esposa, mientras que Carlos Montes se favoreció de forma ilegal con $.150,000.00 que le fueron transferidos a través de un empresario residente en EEUU de nombre Carlos E. García (cuñado del encausado).
En base a estos hechos, la UNAF obtuvo este Fallo de Culpabilidad por Lavado de Activos y Cohecho Pasivo Impropio en un Juicio Oral y Público que demuestra una vez más que el Ministerio Público ejerce la acción penal pública aplicando la Ley a todos los hondureños por igual, sin importar su condición o posición de poder.
La legislación hondureña castiga el delito de Lavado de Activos de 15 a 20 años de reclusión y el de Cohecho Pasivo Impropio de 1 a 4 años de reclusión, penas sobre las cuales las partes harán sus solicitudes concretas en la Audiencia de Individualización de Pena señalada por el Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional.
