La Paz, Honduras
Sin importar el frío extremo de hasta ocho grados centígrados, Eucebio Hernández, de 72 años, sale de madrugada con machete y azadón en mano a trabajar en el cultivo de granos básicos y limpieza de solares para conseguir el dinero de la comida diaria para sus tres hijos y esposa.
Aunque no tiene la misma fuerza que cuando era joven, debe mantener su espíritu de lucha para poder llevar alimento a su familia como lo ha venido haciendo desde que era un niño.
“Yo trabajo desde niño, tuve que renunciar a educarme porque no tenía la posibilidad ni de comprar un cuaderno, mi familia era pobre y yo al parecer heredé la pobreza porque por mucho que trabajé en la vida nunca me pude superar”, dijo Hernández, quien habita en la comunidad de La Escalera.
La pobreza extrema ha marcado a muchas generaciones de las familias que habitan las comunidades fronterizas con El Salvador, ubicadas en los municipios de Cabañas, Santa Elena, Santa Ana y Marcala, en el departamento de La Paz.
En estas comunidades lencas existen limitadas fuentes de empleo, por lo tanto desde niños los pobladores deben renunciar a la educación para trabajar.
Cada poblador trabaja en promedio tres días a la semana recibiendo un salario de 100 lempiras al día por limpiar solares, sembrar maíz, hortalizas y verduras.
En este sector del departamento existen unas 32 comunidades, entre aldeas y caseríos, con alrededor de 15 mil habitantes.
Muchas de las aldeas y caseríos como el exbolsón de Nahuaterique, y El Zancudo, que por muchos años pertenecieron a El Salvador pasaron en 1992 por resolución de la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, Holanda, a ser territorio hondureño.
Sin embargo, a pesar de que los habitantes adoptaron doble nacionalidad y habitan oficialmente en tierra catracha, en nada cambió su destino y al parecer quedaron condenados al olvido de su patria adoptiva.
La pobreza, la desnutrición y el analfabetismo son los fantasmas que amenazan su felicidad.
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José Eduardo Díaz Hernández, habitante de Nahuaterique, expresó que uno de los acuerdos entre ambos países fue nacionalizar a todos los pobladores para que adquirieran los derechos y deberes de un ciudadano hondureño.
“Desde el acuerdo se tenía que nacionalizar a la totalidad de los pobladores y a la fecha no se ha hecho, en los títulos de propiedad tenemos problemas porque muchos no tienen sus escrituras y eso atrasa cualquier proceso. Estamos haciendo una petición al gobierno de Honduras que nos reconozcan a todos como hijos legítimos”, dijo Hernández.
En la comunidad de Nahuaterique habitan 7,000 personas, pero el poblado no pertenece a ningún municipio del departamento de La Paz, por lo cual líderes de la comunidad, desde el 2000, han gestionado la declaratoria de municipio para poder gestionar su desarrollo.
Históricamente han recibido ayudas de gobiernos locales de Santa Ana, Santa Elena, Marcala y Cabañas, pero no son suficientes para mejorar las condiciones de vida de los habitantes.
En la actualidad se reparan las calles que conducen de Marcala hacia Nahuaterique, El Zancudo y la aduana de La Concordia con fondos nacionales.
Los habitantes de Nahuaterique, El Zancudo, La Escalera, entre otras aldeas, reciben ayuda de municipios de El Salvador en materia de salud con brigadas médicas, así como en educación con la donación de útiles escolares, uniformes y zapatos.
“La alcaldesa de Perquín apoya mucho a estas comunidades, nos donaron una ambulancia para llevar pacientes hacia Perquín y a Marcala, recibimos de El Salvador más 4,000 paquetes agrícolas para mantener las milpas y nos apoyan en la salud y educación”, dijo José María Sánchez, líder comunitario de El Zancudo.
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Control migratorio
Literalmente con las uñas se puede calificar el trabajo que realiza personal migratorio y policial asignado en la aduana La Concordia, más conocida como Pasamono, ubicada en la comunidad de Sabanetas, municipio de Marcala.
La falta de atención por parte de los gobiernos desde 1992, año en que inició operaciones, se refleja en las condiciones de infraestructura, falta de personal y logística.
La oficina migratoria no dispone de Internet ni teléfono móvil, tiene limitado mobiliario, funciona con un delegado y un inspector de migración, cuatro elementos de la Policía Nacional con una motocicleta para hacer los operativos de rutina y seis elementos militares.
El registro de personas que entran y salen de El Salvador y Honduras son anotados en libros y talonarios, luego el informe de los reportes es enviado por el delegado una vez al mes hacia Tegucigalpa.
“No hay Internet, por lo que el registro lo hacemos de manera manual; se les da la boleta, la cual deben presentar al momento de ingresar a Honduras en nuestro caso, tenemos un grupo de trabajo a nivel nacional de delegados donde se mandan las circulares, una vez al mes se deja informe si no se manda por transporte expreso”, explicó Luis Ernesto Padilla, delegado de Migración de La Concordia.
Padilla expresó que por este punto fronterizo circulan entre 90 a 150 personas diarias, las cuales para ingresar a cualquiera de los dos países deben presentar, en el caso de los mayores de 21 años, su tarjeta de identidad y pasaporte.
En el caso de los menores de 21 años, presentan su pasaporte y una autorización de sus padres.
Uno de los problemas que existe en este sector son los puntos ciegos por donde las personas pasan con mercadería y otros productos no autorizados hacia El Salvador.
Según las autoridades migratorias, existen más de 30 puntos ciegos por los cuales las personas han hecho caminos para poder pasar al país vecino y evitar que su producto sea decomisado en la aduana.
Por la aduana La Concordia solo se pueden transportar productos alimentarios como ser aceite, harina de maíz, refrescos, detergentes y otros insumos de primera necesidad en el hogar.
En el caso del transporte de gasolina, electrodomésticos, artículos para el hogar y otros que son objetos de gravámenes e impuestos, no pueden ser ingresados porque este punto de control ya no cuenta con el sistema para hacer los cobros y registros de los mismos.
Todos los detalles del ingreso por la aduana nacional develan una diferencia abismal con respecto a las condiciones en que labora el personal de la oficina migratoria de El Salvador, la cual se encuentra a escasos 500 metros del territorio hondureño.
En ese punto de control los salvadoreños tienen a disposición computadoras conectadas a Internet y a un programa en línea que al ingresar los datos de las personas inmediatamente aparece en el sistema de las demás aduanas.
Además, hay unos 60 elementos militares y la policía fronteriza cuenta con una patrulla en óptimas condiciones para el recorrido diario.
Escolares abandonan las aulas para trabajar en fincas de El Salvador
La situación económica precaria que viven las familias de departamento de La Paz, ubicadas en la línea divisoria con El Salvador, hace que los niños abandonen sus centros educativos por varios días para ir a trabajar a comunidades del país vecino.
Esto provoca que haya un retraso en el avance educativo de los menores, ya que no reciben los 200 días de clases.
En la Escuela José Trinidad Cabañas, de la comunidad de la Galera, municipio de Yarula, existe gran ausentismo de alumnos que por la falta de dinero en sus hogares se ven obligados a trabajar.
“No hay deserción escolar, por lo general la matrícula inicial es la misma al final, lo que pasa es que los niños faltan mucho, porque se van a trabajar unos días a Rancho Quemado, El Salvador, y luego regresan y lo hacen porque la mayoría son de escasos recursos económicos”, dijo Belkis Mejía, profesora del centro educativo.
Además, la docente mencionó que el estado nutricional de niños es deficiente y desde hace dos meses que la merienda escolar del gobierno de Honduras no llega a la escuela, lo que le preocupa porque muchos de los estudiantes llegan sin comer.
La mayor parte de los centros educativos tiene carencia de mobiliario y textos de estudio.
Muchos de los pupitres que poseen son de hace 19 años, por lo que ya dieron su vida útil, pero ante la falta de asientos siguen siendo utilizados.
Algunos padres tienen que hacer los pupitres para que sus hijos se puedan tener un lugar donde sentarse.
Ante tantas necesidades en el sector educativo, cada año reciben ayuda por parte del gobierno salvadoreño como ser útiles escolares y uniformes.
“El Salvador apoya donando dos uniformes y zapatos a principio de año a cada uno de los estudiantes”, declaró, Mejía.
