Tegucigalpa, Honduras
Entregaron licencias de conducir a sentenciados y prófugos de la justicia, a extranjeros, a menores de edad, a quienes no cumplían los requisitos y hasta limpiaron expedientes, por eso hoy una camarilla de policías está bajo investigación de la Unidad de Fiscales de Apoyo al Proceso de Depuración Policial.
El Ministerio Público (MP) ya tiene documentado una serie de hechos delictivos que se registraron desde el 2009 hasta el 2016 en la Dirección Nacional de Tránsito y sus regionales.
En proceso de investigación están al menos cinco subcomisionados, dos activos y tres depurados, así como una comisaria que sigue en funciones en la Policía, un considerable grupo de agentes y tres secretarias, quienes hicieron pillerías con las licencias de conducir.
Falsificaron recibos de pagos de bancos, colocaron en las licencias números de tarjeta identidad falsos, que no existen, números de tarjeta de identidad que correspondían a otras personas, dieron licencia de conducir que no aparecen en el sistema, asimismo extendieron este documento a extranjeros y oficiales de la Policía prófugos de la justicia, entre muchos otros casos.
Los investigadores hablan de una banda delincuencial muy bien estructurada, ya que cuando tenía dificultades en una regional movía sus piezas a otra. Incluso entre los investigados se menciona a oficiales ligados a la mara Salvatrucha.
Hechos
El 22 de diciembre de 2009 le extendieron una licencia de conducir pesada internacional al subcomisario Jairo Geovanni López Méndez, prófugo de la justicia desde el 2008, luego que fue identificado como el cabecilla de un grupo de asaltantes que atraco la sucursal del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) ubicada en Gracias, Lempira.
Asimismo, el 27 de marzo de 2011 le dieron licencia de conducir pesada internacional al inspector Salomón de Jesús Solano Méndez, quien en ese momento estaba en depósito en las instalaciones del escuadrón Cobras, tras ser sentenciado a 57 años de prisión por la masacre en la cárcel de El Porvenir, Atlántida, ocurrida en el 2003. Días después el condenado se fugó y actualmente tiene una orden de captura vigente.
De la misma manera en el 2012 le extendieron licencia de conducir pesada internacional a Edgar Gabriel Bulnes Lanza, cuando el apenas tenía 21 años.
La ley manda que este tipo de documento solo debe entregársele a mayores de 25 años y que haya tenido anteriormente dos licencias livianas.
Para hacerle el trámite en la Dirección de Tránsito le colocaron el número de tarjeta de identidad 0824-1983-03760, el cual es falso, no existe. El número correcto de tarjeta de identidad de esta persona es el 0824-1991-00376.
El 21 de enero de 2012 también le extendieron licencia pesada internacional a Rafael Leonardo Urrutia Ruiz, a quien le pusieron el número de tarjeta de identidad 0719-1986-28700, el cual tampoco existe. Además le colocaron como fecha de nacimiento el 22 de noviembre de 1986.
El número de tarjeta de identidad correcto de esta persona -según el RNP- es el 0719-1990-00287 y su fecha de nacimiento es el 22 de noviembre de 1989.
La Unidad de Fiscales de apoyo al proceso de Depuración también investiga el trámite y extensión de licencia, en el 2014, al guatemalteco David Alfredo Quisquina Simón, con pasaporte 1204-200701208, entre otros extranjeros que recibieron el documento.
En la persecución del delito de falsificación de documentos públicos los investigadores han detectado licencias extendidas que no aparecen en el sistema.
Los agentes y fiscales también investigan las enormes cantidades de dinero que hubo de por medio por cada documento extendido y ya tienen identificado cómo se hacían los trámites, los cobros y las tarifas que ponían algunos jefes.
En la labor de rastreo de los bienes y cuentas bancarias de los investigados se han encontrado oficiales y agentes dueños de elegantes viviendas y de considerables fortunas.
En este momento el Ministerio Público indaga sobre unos 200 casos relacionados con falsificación de licencias de conducir y limpieza de expedientes, hechos ocurridos en las diferentes oficinas de Tránsito del país.
+Pasos a seguir para tramitar una licencia de conducir
Declaración
Desde el 2012, gracias a una denuncia, la Inspectoría de la Policía comenzó a investigar la falsificación de licencias, luego el caso fue retomado por la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial, según el expediente número “165/2012 que contiene las diligencias de las investigaciones realizadas en relación a la emisión de licencias de conducir falsificadas, hechos constitutivos de los delitos de cohecho y falsificación de documentos públicos en perjuicio de la administración y la fe pública”.
Luego el caso se trasladó al Ministerio Público, que ya llamó a declarar a los oficiales y agentes activos y depurados que son investigados, así como a varios testigos.
A uno de los interrogados por la DIECP le preguntaron cuál había sido su participación en la emisión de licencias de conducir a favor de los ciudadanos Balery Reynel Quiróz Vargas, German Eduardo Estrada Soto, Edgar Gabriel Bulnes Lanza, Rafael Leonardo Urrutia Ruiz, David Alfredo Quisquina Simon, Jhan Freddy Suárez Sandoval, Derbis Arquímidez Flores Rubio, Alex Eusebio Baca Maradiaga, Ruby Manuel Suáres Núñez, Ammelli Josué García Muñoz, Fredy Guadalupe Girón Betanco, Juan Carlos Chavarría, Rudy Alexander García y José Amílcar Aguilar Oseguera, respondiendo que no conoce a ninguno de ellos.
El declarante sostuvo que en Choluteca él estaba asignado a la revisión de los documentos de los solicitantes y que quien manejaba la computadora de emisión era Lester Danery Cárdenas y Flerida Ondina Dávila Linares la computadora de impresión, y solo ellos tenían acceso a ese sistema.
Agregó que hizo “investigaciones en el Banco Atlántida sobre el recibo de la emisión de licencia de Edgar Samuel Bulnes Lanza, ese número de recibo no le compete a él, y es del año 2011, el cual es el número 201106100542 y estamos en el año 2012, que está en el sistema”.
Sobre quién era el jefe de la Dirección Nacional de Tránsito cuando se emitió la licencia de conducir de Edgar Samuel Bulnes, respondió: “era mi comisario Edilberto Brizuela”.
En cuanto a medios de prueba para aportar en su descargo, respondió: “sí, a continuación presenta la siguiente prueba documental que se describe así: Una constancia original de fecha ocho de junio de 2012, emitida por el comisario Erwin Mayes Ríos, en la que se detalla las funciones que él realiza en su cargo y enuncia que el día martes 17 de julio del presente año presentará los siguientes medios de prueba debidamente autenticados: Copia del expediente de trámite de una licencia liviana emitida por primera vez a favor de Omar Alejandro Irías Dávila, copia del expediente que corresponde al trámite de la renovación de una licencia de conducir a favor de Ivo Leonel Ordóñez Pineda, copia del expediente que corresponde al trámite de la renovación de una licencia de conducir pesada a favor de Donal Alberto Peralta, copia del informe de recaudación de ingresos de la jefatura de Tránsito de Choluteca correspondiente al periodo del primero al 30 de julio de 2012”.
Esta misma persona fue citada a declarar como testigo el 14 de junio de 2017 por la Unidad de Fiscales de Apoyo a la Depuración Policial que actualmente se prepara para presentar los requerimientos fiscales respectivos.
Esto será otro golpe que el Ministerio Público le dará a las estructuras delincuenciales y criminales que se incrustaron en la Policía desde hace muchísimos años, causando enorme daño a la sociedad.
Además pondrá en alerta a los miembros de la comisión depuradora ya que dentro de la Policía todavía quedan algunos elementos que amenazan el saneamiento que se le ha practicado a esta institución, responsable de dar seguridad a los hondureños.
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El Estado debe entregar una Policía eficiente
La depuración policial ha avanzado, pero aún falta mucho porque no solo se trata de sacar gente, “la pregunta es ¿quiénes nos garantizan que los que están quedando y entrando son policías en el sentido pleno?”, analizó Eugenio Sosa, sociólogo y catedrático universitario.
Si bien la Comisión Depuradora hace su trabajo, el Estado debe estar en condiciones de entregarle a la sociedad una nueva policía, eficiente y honesta que garantice la seguridad ciudadana.
Esto es una urgencia del Estado, porque la seguridad está muy vinculada al respeto de los derechos humanos, sobre todo, al derecho de la vida el cual en los últimos años se ha visto amenazado permanente.
La comisión depuradora está haciendo su labor, pero hay que recordar que esta se instaló para un trabajo puntual, ella no debe sustituir la responsabilidad de los organismos del Estado, pues estos deben ser capaces de garantizar los mecanismos de control para que la Policía no se contamine a los niveles que llegó.
Por eso es primordial una depuración permanente. Los controles deben ser diarios para evitar no solo los abusos, sino también esa relación con el crimen organizado, agregó.
Sobre la contaminación generada por los políticos, manifestó que hay denuncias claras sobre la politización de la Policía.
Aquí los políticos están acostumbrados a sacar y nombrar personas sin seguir los procedimientos debidos, pero si funcionara la primacía de lo legal, el Estado de derecho, las instituciones funcionarían bien.
