tegucigalpa
El Ministerio Público (MP) le propinó un fuerte golpe a una presunta red de corrupción que operó en el interior del Colegio de Abogados de Honduras (CAH).
Ayer, efectivos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), a través de la operación Tormenta de Fuego XI, capturaron al expresidente del CAH, Olvin Antonio Mejía Santos, quien es señalado junto a otras siete personas responsables de despilfarrar más de 99 millones de lempiras del fondo de pensiones del ente gremial.
Los otros detenidos son el Fiscal del MP, Rossel Arturo Euraque López, asignado la Fiscalía Especial de Derechos Humanos en San Pedro Sula.
Además, Pastor Eliut Valladares Romero, el guardia de seguridad de la Corte Suprema de Justicia, Óscar Reinaldo Casco; Francisco Arnulfo Valladares, Héctor Rodolfo Andino Maldonado, Santos Porfirio Alvarenga Nolasco y Roberto Andrés Romero.
A los capturados se les acusa por los delitos de administración de fondos públicos y privados de jubilaciones y pensiones y falsificación de documentos privados en perjuicio del sistema financiero nacional y de la fe pública, se informó.
Este requerimiento fiscal también incluía al expresidente del CAH, óscar García, quien falleció producto de un infarto la semana anterior.
También al exgerente del Instituto de Previsión del CAH, Josué Argeñal Cerrato, quien está condenado a 15 años de prisión por otros actos de corrupción a lo interno de la institución.
Investigaciones
En poder del Ministerio Público se encuentran cuatro líneas de investigación que vinculan a los capturados y a otros exempleados y testaferros que se prestaron para saquear el fondo de pensiones y jubilaciones del CAH.
Las pesquisas revelan que el saqueo fue de 508 millones de lempiras, pero hasta ahora solo una de las investigaciones se ha judicializado.
Según las pesquisas, el desfalco se produjo en dos periodos continuos del 2008 al 2012, cuando García y Mejía Santos, presidieron la organización.
Trama
Presuntamente, ambos expresidentes se confabularon para utilizar a exempleados del organismo gremial para cambiar de forma fraudulenta cheques a nombre de profesionales del derecho, algunos de ellos supuestamente fallecidos.
Además, se reflejaron cobros irregulares por supuestos beneficiarios de seguros de vida por más de 26.7 millones de lempiras en el periodo de 2008 al 2010 y 72.6 millones en el periodo 2010 al 2012, según informó el Poder Judicial. Se generó un desfalco de 99.4 millones de lempiras en ambas administraciones, pero solo en esta primera investigación.
Pero el MP asegura que en esta línea se trata de 200 cheques por un valor de más de 200 mil lempiras cada uno.
“La emisión de los cheques la realizaban a nombre de los capturados y de falsos beneficiarios, quienes los cambiaban por concepto de seguros de vida y por supuestos fallecimientos de algunos agremiados”, informó el Ministerio Público mediante un comunicado de prensa.
Aseguramientos
El operativo trajo consigo una serie de aseguramientos de 15 bienes inmuebles que abarcan residencias y terrenos, además de 12 vehículos y cuatro sociedades mercantiles.
Entre ellos figura el despacho legal del abogado Olvin Mejía, que está valorado en 151 mil dólares, los que aseguran fueron pagados en su totalidad, según el MP.
Aquí los agentes de la ATIC hicieron un minucioso registro y secuestraron información que les es útil en el proceso de investigación.
El operativo también implicó a la esposa de Mejía, Yolany Isabel Cámbar Palada, a quien en residencial Las Hadas de Comayagüela se le aseguró una vivienda.
Pero los aseguramientos también se extendieron contra bienes del extinto óscar García, a quien le aseguraron su residencia ubicada en la Residencial San Ignacio.
Asimismo, tres tiendas de ropa que se ubican en centros comerciales de Tegucigalpa.
Primer expediente
Este es el primer requerimiento fiscal que ingresó a los nuevos Juzgados con Competencia Territorial Nacional en Materia de Corrupción, según confirmó a EL HERALDO, el vocero del Poder Judicial Melvin Duarte.
Los ocho imputados ingresaron al filo de las 5:00 de la tarde a los juzgados en materia de corrupción, donde fueron sometidos a la audiencias de declaración de imputados.
Hasta el cierre de este rotativo el juez que conoce este proceso judicial no había tomado una resolución al respecto. El Ministerio Público informó que tienen las pruebas contundentes para procesar a los ocho capturados durante el operativo.
Resultados
Unas 234 personas fueron capturadas a nivel nacional por diversos delitos en la operación Tormenta de Fuego XI. Asimismo, se ejecutaron 257 requerimientos fiscales y 67 allanamientos.
La operación se extendió a los 18 departamentos en los que además se hicieron inspecciones a instituciones públicas. Otras acciones también continuaron en el Programa de Asignación Familiar, donde se secuestraron documentos
