TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El diputado hondureño Fredy Renán Nájera se encuentra en aprietos legales con su abogado en Estados Unidos, Víctor E. Rocha.
Una declaración jurada remitida por Rocha a la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, a la que EL HERALDO tuvo acceso, establece que el demandado no ha proporcionado los recursos necesarios para preparar el juicio que se desarrollará en diciembre.
“Creo que el demandado (Nájera) no quiere o no puede proporcionar los recursos necesarios para preparar adecuadamente este asunto para el juicio”, manifiesta Rocha en su declaración.
Asimismo, indica que él solamente fue contratado por Fredy Nájera para ayudarlo en la resolución de su caso, es decir en su presentación voluntaria ante la justicia de Estados Unidos y las negociaciones de culpabilidad que fracasaron entre el congresista y el gobierno en junio pasado.
“Las negociaciones de culpabilidad con el gobierno fracasaron en junio de 2018 y este asunto se ha incluido en el expediente de prueba de dos semanas de este tribunal que comienza el 10 de diciembre de 2018, y sigo representando sus intereses, pero sin incluir el juicio”, explica.
A la fecha, el acusado no ha podido contratar a un abogado para el juicio de esta causa. Sin embargo, he intentado diligentemente preservar y defender los intereses del acusado antes del juicio, estableció Rocha.
“La preparación para esta prueba y la prueba misma son una empresa tremenda que sería gravoso para mí y para el personal de mi oficina. No he sido retenido por dicha empresa ni se me han proporcionado los recursos necesarios para la preparación del ensayo y el juicio”, señaló.
Aseveró que cree que Nájera no quiere o no puede proporcionar los recursos necesarios para preparar adecuadamente este asunto para el juicio.
En marzo, el diputado liberal por Olancho negoció su entrega voluntaria con Estados Unidos, que lo acusa de narcotráfico y uso de armas de guerra.
Nájera se declaró inocente y se someterá a juicio. De ser encontrado culpable, enfrentaría una pena máxima de cadena perpetua y una mínima de 40 años de prisión por los delitos por lo que es acusado.
