De acuerdo con la determinación del togado, a Villeda se le señala por los delitos de falsificación de documentos públicos y abuso de autoridad, por lo que se le 'sobresee definitivamente por delitos contra la forma de gobierno', explicó el Poder Judicial de Honduras a través de su cuenta oficial de Twitter.
En el caso de Zambrano, a través de otro tuit, detalló que en esta misma audiencia de notificación, el 'juez natural confirmó el sobreseimiento definitivo a favor del diputado José Tomás Zambrano por los tres delitos por los cuales le acusó el @MP_Honduras y manda se le extienda su carta de libertad definitiva'.
Fe de Errata
La polémica surgió en enero de 2018, cuando los parlamentarios presentaron una Fe de Errata para rectificar una parte de las reformas aprobadas en la Ley de Presupuesto, pues afirmaron que el último párrafo no fue leído por un 'error involuntario', según lo informó el parlamentario Tomás Zambrano.
La reforma por adición al artículo 16 de dicha ley indica que la administración de los recursos públicos también le corresponde al “Congreso Nacional y sus diputados para solicitar, gestionar, recibir, administrar y ejecutar fondos públicos de cualquier fuente, incluso tercerizados o descentralizados, destinados a proyectos de desarrollo, ayudas sociales y al fortalecimiento de la gobernabilidad y la democracia”.
En ese sentido, la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (Maccih) manifestó su descontento porque la reforma tendrá carácter retroactivo, lo que significa que los que enfrentan una acusación penal por malversación de caudales públicos podrían quedar libres de culpa.
Este es el texto al que se refirió la Maccih: 'Durante esté en proceso la auditoría de investigación especial y hasta no haber agotado la vía administrativa y que ésta tenga el carácter de firme y ejecutoriada no procederá a ninguna acción judicial para reclamar ningún tipo de responsabilidad sea esta administrativa, civil o penal', que corresponde al artículo 131 de la Ley Orgánica de Presupuesto.
“Una vez finalizada la auditoría de investigación especial de conformidad a la Ley y el Reglamento del Tribunal Superior de Cuentas y este encuentre hallazgos, determinará la responsabilidad civil, penal o administrativa que en Derecho corresponda, notificando a los entes correspondientes en cada uno de los casos; o en su efecto otorgando su solvencia”, fue el texto leído en la sesión del Congreso Nacional, pero ya publicado en La Gaceta se agregó el párrafo del que habla la Maccih.
