TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La base de datos del Registro Nacional de las Personas, (RNP), donde está toda la información confidencial de los hondureños, ha sido violentada en diferentes ocasiones e incluso cedida ilegalmente a otros gobiernos.
La Unidad Investigativa de EL HERALDO accedió a documentos confidenciales donde se revela cómo exempleados del RNP, sin autorización del Directorio, crearon dos usuarios para que la Embajada de Estados Unidos en Honduras y una persona más tuvieran acceso a la información de los hondureños.
Entre las personas que participaron está uno de los asesores de la recién nombrada Junta Interventora, quien permanece en espera de la ratificación de su cargo, pues debido a los señalamientos ha sido momentáneamente separado del cargo, pero sin abandonar su oficina en la institución. Su nombre es Alfredo Laínez.
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Base de datos
El informe No 052-IG-2007 del RNP es una investigación realizada por el departamento de Administración y Soporte de Sistemas de la institución que fue remitido al departamento de Inspectoría General sobre la creación ilegal de dos usuarios externos con la facultades de poder ingresar a la base de datos.
En el documento de tres páginas se constató que Alfredo Laínez, exjefe del Departamento de Identificación e Informática del RNP, “sin autorización del Directorio envió fotocopia... dando el visto bueno al extécnico de soporte, Allan Kervy Leiva Janser, para que creara los usuarios de acceso a la red del Registro Nacional de las Personas al cónsul general de la Embajada de Estados Unidos en Honduras en 2005 (Ian G. Brownlee) y la señora Tania Isabel Ardón del Valle”.
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Ante la ilegalidad, Laínez fue citado a dos audiencias de descargo, en la primera no accedió y para la segunda explicó que emitió la autorización ante “bochornosos acontecimientos en el cual personas de otras nacionalidades, utilizando documentos oficialmente emitidos por el RNP, pretendieron obtener pasaporte para viajar fuera del país, generando preocupación en la comunidad internacional, especialmente al Gobierno de Estados Unidos”.
Argumentó que recibió el visto bueno en diferentes oportunidades por el Directorio de “brindar toda la colaboración y asistencia a las representaciones diplomáticas acreditadas ante el Gobierno de Honduras”.
Laínez afirmó que una de las autorizaciones la recibió de parte de entonces director del RNP, Ramón Aguirre, un 27 de abril del año 2005, pero ese extremo quedó desvirtuado, pues según la investigación del RNP la Embajada de Estados Unidos solicitó acceso a la base de datos un 3 de junio del mismo año, entonces “cómo pudo el abogado Ramón Izaguirre, antes de la solicitud presentada por la Embajada Americana, además el abogado Izaguirre en esa fecha 3 de junio ya no era el director, quien dirigió la institución en esa fecha fue el abogado Mario Aguilar Gonzales”.
De acuerdo con lo que EL HERALDO ha conocido, hay intereses dentro y fuera de la institución para que Laínez siga dentro del RNP, aún sabiendo que actuó de forma arbitraria al entregar a un gobierno toda la base de documentación de los hondureños.
Para algunos miembros de la recién nombrada Junta Interventora, el solo hecho de estar involucrado en esta operación al margen de las disposiciones legales lo desautoriza para que siga en la institución.
El departamento de Inspectoría del RNP recomendó “que salvo criterio del Directorio, que en vista de que el ingeniero Laínez, no logró desvanecer en la audiencia de descargo los hechos e imputaciones, al contrario, con las notas que presentó existe una gran contradicción... se le cancele del cargo que desempeña sin responsabilidades para la institución” por haber violentado una serie de artículos del Reglamento Interno del Trabajo del RNP, la Ley del RNP y el Código del Trabajo.
