TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La esperanza de 44,060 hondureños inscritos en el Estatus de Protección Temporal (TPS), que desean continuar sus vidas en Estados Unidos, está más viva que nunca.
En un solo día dos frentes de lucha se abrieron para los connacionales: una en el Congreso estadounidense con la iniciativa “Ley de Sueños y Promesas” (H.R.6), y la otra en una corte Federal del Norte de California en la demanda por racismo Ramos vrs Nielsen (Honduras y Nepal fueron incluidos).
Por ahora ambos caminos deberán seguir un proceso largo, pero está claro que los tepesianos van a dar pelea.
Frentes de lucha
La primera garantía para los tepesianos, de tener una estadía por más tiempo en Estados Unidos, surgió de la lucha que emprendieron los miembros de la Alianza Nacional del TPS, quienes en una iniciativa propia, buscaron puerta por puerta a tres familias hondureñas que se atrevieran a desafiar la resolución del Departamento de Seguridad (DHS, por sus siglas en inglés) y pidieron ante la Corte del Norte de California eliminar la decisión de cancelar el TPS el próximo 5 de enero de 2020.
Para esto unieron fuerzas con dos familias de tepesianos de Nepal, a quienes también les cancelaron el TPS en la demanda Bhattarai vrs Nielsen: que es una solicitud en la que se pidió a Estados Unidos considerar que la decisión de cancelar el TPS se dio bajo racismo de parte del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
La medida englobó los mismos argumentos que presentaron los tepesianos de El Salvador, Sudán, Haití y Nicaragua en 2018, en la demanda Ramos vrs Nielsen, que terminó el 3 de octubre pasado en una resolución por parte de un juez de la Corte del Norte de California, de otorgar ampliaciones automáticas de nueve meses para los tepesianos mientras dure el proceso legal. Y en el caso de perder la demanda darle seis meses más para salir de Estados Unidos.
44,060hondureños están inscritos en el Estatus de Protección Temporal en Estados Unidos. |
Al contener la demanda de Honduras y Nepal (Bhattarai vrs Nielsen) los mismos argumentos que la de los otro cuatro países (Ramos vrs Nielsen), el juez Edward M. Chen determinó otorgarle los mismos beneficios e incluir a los seis países en un mismo caso: Ramos vrs Nielsen.
Batalla en el Congreso
Mientras esto sucedía, los mismos tepesianos de la Alianza por el TPS abrieron otra fuente de lucha, esta vez en el Congreso.
Para esto, durante el 2018 y parte de 2019, realizaron una serie de cabildeos con diferentes legisladores de la Cámara de Representantes en la búsqueda de una iniciativa de ley que enmarcar la búsqueda de una legalización permanente. La lucha nuevamente dio efecto y surgió la iniciativa “Ley de Sueños y Promesas” (H.R.6).
La propuesta fue presentada por tres congresistas demócratas: Lucille Roybal-Allard (California), Nydia Velásquez (Nueva York) e Yvette Clarke (Nueva York) con la novedad que incluyó a los jóvenes inscritos en el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en un inglés) y en la que están incluidos 18,500 hondureños, además del programa Salida Obligatoria Diferida (DED, por sus siglas en inglés).
La iniciativa cuenta con el respaldo de los congresistas demócratas, quienes en este período presidencial dominan la Cámara de Representantes en Estados Unidos y pretende que todas las personas inscritas en estos programas inicien el camino hacia una legalización permanente, cumpliendo ciertos requisitos según sea el programa en el que estén inscritos.
Una iniciativa similar había sido presentada el año pasado, pero solo para los tepesianos, y al final no recibió el apoyo, por lo que ahora al incluir DACA y DED tendría mayor aceptación.
La propuesta deberá seguir un camino escabroso una vez que llegue al Senado, pues esta instancia está dominada por los senadores republicanos y aun así pasando este proceso deberá obtener la aprobación de Trump, quien comenzó con la cancelación de los programas de protección a extranjeros en Estados Unidos.
La ganancia, por ahora, para los tepesianos son los períodos de tiempo garantizados que tienen para continuar sus vidas en Estados Unidos. En estos períodos los connacionales tratarán de obtener una legalización permanente, aunque la última palabra siempre la tendrá en Congreso.
