TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Francisco Arturo Mejía, abogado del clan de narcotráfico 'Los Cachiros', resultó salpicado en el caso 'Patuca III: colusión y corrupción', ligado a la contratación de una obra de la empresa estatal de electricidad.
Entre los acusados también están su hijo Roberto Arturo Mejía y su esposa Waldina Lizeth Salgado. En 2018, los tres fueron acusados por diversas transacciones vinculadas al cartel de narcotraficantes cuyos miembros fueron extraditados a Estados Unidos.
El jefe de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), Luis Guimaraes Marrey, anunció el lunes 18 de marzo en rueda de prensa la acusación presentada 'contra diez ciudadanos por defraudar al Estado hondureño a través de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) por varios millones de lempiras'.
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Defensor de narcos
Las investigaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) reflejan que Mejía fue el abogado encargado de constituir Inversiones Rivera Maradiaga (Inrimar), propiedad de Devis Leonel Rivera, uno de los principales cabecillas de 'Los Cachiros'.
Y no solo eso, Rivera Maradiaga le otorgó a Mejía un poder general para la administración de Inrimar y de todas las sociedades relacionadas con el cartel, según indagaciones del Ministerio Público (MP).
El año pasado al matrimonio se le aseguró una lujosa casa de playa localizada en Omoa, Cortés, un complejo de apartamentos y una mansión en Tegucigalpa.
MaccihEste el décimo caso abierto por la fiscalía con el apoyo de la Maccih, un ente creado por la Organización de Estados Americanos (OEA) en el 2016 paya ayudar al gobierno de Honduras en el combate de la corrupción y la impunidad. |
Conexiones
Las investigaciones reflejan que el abogado Mejía, constituyó en el año 2009 la empresa constructora denominada Acrópolis.
Dos años más tarde, “esta empresa ganó la licitación de manera fraccionada, para proveer el mobiliario, equipo de oficina y demás enseres electrodomésticos con los cuales se equiparon las viviendas del polémico proyecto habitacional Patuca III en Olancho”, establece la línea de investigación presentada por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), al Ministerio Público.
Este proyecto fue adjudicado por un monto de 98.1 millones de lempiras. Curiosamente, las otras dos empresas que participaron en el proceso de adjudicación, también tenían nexos con Los Cachiros.
El clan criminal prácticamente monopolizó la construcción de las unidades residenciales, así como los servicios complementarios y el menaje de las viviendas, con el aval de las autoridades de la Unidad Especial de Proyectos de Energía Renovable (Ueper) y la gerencia de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), indica la acusación.
También, las autoridades de la Enee suscribieron con Acrópolis un segundo acuerdo de ampliación por un valor de 20.1 millones de lempiras para la edificación de la clínica médica, las oficinas administrativas y el comedor del complejo residencial.
