Se trata de 31 bienes muebles e inmuebles, tres cuentas bancarias y tres sociedades mercantiles.
Recientemente, el Juzgado de Letras de Privación de Dominio emitió una resolución admitiendo a trámite la solicitud presentada por el equipo de la Maccih y Ufecic.
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Inicialmente, el Juzgado había decretado medidas cautelares sobre varios bienes inmuebles, vehículos, sociedades mercantiles, certificados y cuentas bancarias, los cuales pasaron a la administración de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), hasta que se tome una decisión final en el proceso de privación de dominio.
La solicitud comprende bienes y cuentas corrientes cuyo valor total asciende a más de 42 millones de lempiras.
Entre los bienes que pasarían al Estado se encuentran las sedes del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal y la del Comité Central del Partido Nacional.
Además, figuran siete propiedades del diputado liberal Elvin Santos y un terreno del congresista del Partido Nacional Celín Discua.
A la lista se suman dos terrenos del diputado Edgardo Martínez ubicados en Comayagua, una cuenta bancaria con 2.6 millones de lempiras a nombre del diputado Elden Vásquez y dos cuentas bancarias con un total de 6.1 millones de lempiras a nombre del congresista Rodolfo Irías Navas.
El equipo fiscal solicitó la privación definitiva de una propiedad a nombre de Arnold Gustavo Castro Hernández, esposo de la diputada Gladis Aurora López, que está ubicada en el caserío Santa Elena, municipio de Santa Lucía.
Solicitud de la Maccih
Los fiscales solicitaron la privación definitiva de la empresa Asesores Especializados en Desarrollo Integral a nombre de Zoila Patricia Cruz, Jean de Pyerecave y Ana Rosalinda García Carías.
Asimismo, la sociedad mercantil Servicios de Impresión y Edición Rodas a nombre Lenín Rigoberto Rodas y la empresa Multiservicios Logísticos a nombre de Sandra Sandoval y Reina Dolores Cerrato.
“La solicitud de la Maccih y Ufecic tiene el objeto de recuperar a favor del Estado los caudales que fueron sustraídos de la Secretaría de Agricultura y Ganadería que originalmente estaba destinado a proyectos agropecuarios”, informó la Maccih.
Según la investigación elaborada por el equipo integrado, esos caudales habrían sido destinados, entre otras cosas, a financiar campañas políticas.
“En virtud de los artículos 11 numeral 2 y 12 de la Ley de Privación de Dominio, la Maccih y Ufecic solicitan la privación definitiva de los bienes', estableció la Maccih.
El documento señala que 'los bienes se encuentran a nombre de personas individuales y jurídicas en virtud que los mismos fueron comprados directamente con dinero proveniente de la Secretaría de Agricultura”
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De acuerdo con las investigaciones, fueron utilizados como medio o instrumento para desviar dichos caudales públicos y fueron mezclados con otros bienes de origen lícito.
En los órganos jurisdiccionales se dirime una acción penal en torno al caso Pandora sobre el cual se interpusieron una serie de recursos de apelación que no han sido resueltos por un juez natural.
#MACCIH y UFECIC @MP_Honduras solicitan privación definitiva de bienes de origen ilícito en “Caso #Pandora”
COMUNICADO: https://t.co/djvaH7FG4R pic.twitter.com/KpefTZhoBX— MACCIH (@OEA_MACCIH) July 31, 2019
