TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Un día después de que fue aprobado el decreto en el Congreso Nacional, se envió a sanción presidencial y en La Gaceta de fecha 18 de octubre fue promulgada la Ley Especial del Fondo Departamental.
El rechazo de los sectores sociales no se hizo esperar desde que fue admitida en la cámara legislativa esta ley que blinda el manejo de los recursos de parte de los diputados, servidores públicos, alcaldías, Organizaciones no Gubernamentales (ONG), fundaciones y Organizaciones Privadas de Desarrollo (OPD). En menos de cinco días, el Poder Ejecutivo sancionó esta normativa bajo el decreto legislativo 116-2019, publicado en el diario oficial de la República con número 35,076.
Además, se divulgó la inmunidad parlamentaria contemplada en una reforma por adición al artículo 10 de la Ley Orgánica del CN.
Con la restitución de este privilegio para los congresistas, cualquier acción desarrollada en el ejercicio de la función legislativa no acarrea de ahora en adelante ningún tipo de responsabilidad penal, civil o administrativa.
“Lamento que no se quiera actuar con transparencia total, que no se le quiera rendir cuentas al pueblo; la población espera transparencia de todo funcionario”, manifestó a EL HERALDO el representante del Arzobispado de Tegucigalpa ante el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Carlos Rubio.
El director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, consideró que “así no se hace patria, acciones como estas solo debilitan la institucionalidad”.
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