TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Los reos pareciera que son los amos y señores del sistema penitenciario nacional en todos los niveles. De nada han servido los mil millones de lempiras en la construcción de cárceles de máxima seguridad para los adultos si los reclusos viven en plena libertad.
Mientras los centros para menores infractores siempre han sido una bomba de tiempo y las autoridades llevan más de tres años edificando un edificio en Jalteva que nunca terminan.
Un ejemplo de la anarquía y la ingobernabilidad en la que está sumida el sistema es lo sucedido la noche de martes anterior en Renaciendo, cuando en una reyerta fueron ejecutados cuatro menores internos y 33 resultaron heridos.
En menos de dos meses, toda la imagen que habían creado las autoridades de la gobernabilidad en los centros panales se vino abajo.
El asesinato con armas de fuego y cuchillos de Nery Orlando López Sanabria, conocido como “Magdaleno”, considerado un testigo clave en el juicio del exdiputado Juan Antonio Hernández, es evidencia de la fragilidad de los recintos.
El hecho ocurrió en la primera cárcel de máxima seguridad del país, “El Pozo”, en octubre pasado y la misma suerte corrió otro reo horas antes que mataran a “Magdaleno”, pero en “El Pozo II”.
A nivel nacional operan 28 centros de reclusión para adultos, de estos dos son de máxima seguridad, más un módulo de Támara y también hay privados de libertad en tres batallones de las Fuerzas Armadas (FF AA).
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De todos estos centros se reportan fugas constantes, pese a los controles de la Fuerza Nacional Penitenciaria, de los efectivos de las FF AA y de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).
Para los menores infractores funcionan cuatro centros a nivel nacional que no reúnen las condiciones mínimas que se requieren.
La población de privados de libertad en adultos era de 21,741 hasta el último reporte del 31 de octubre pasado.
Mientras que en los centros para menores infractores hay una población de 501 internos. En total los ciudadanos que están recluidos son 22,242.
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Incapaces
El gasto en el sistema carcelario del país en los últimos años ha sido millonario y la pregunta que surge es: ¿qué está fallando?
Julieta Castellanos, exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en entrevista con EL HERALDO señaló que desde el año 2003 el sistema penitenciario nacional está dando evidencia de fracaso, comenzando con la masacre que hubo en El Porvenir.
Reseñó que luego pasó lo de Comayagua, donde murieron más de 300 reclusos y después en San Padro Sula sucedió otra tragedia.
En los últimos años se han dado asesinatos adentros de las cárceles, fugas y pese a las nuevas instalaciones con supuestas garantías de funcionamiento diferente, el país sigue padeciendo la crisis del sistema, tanto en el de adultos como de menores.
Castellanos enfatizó que el gobierno tienen que identificar a las personas con las competencias suficientes para que dirijan estos centros a todos los niveles.
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“Pero lo que hemos visto es el fracaso, las irregularidades, la ilegalidad que se da allí, las fugas y los asesinatos, pero continúan a la cabeza de estas instituciones las mismas personas”, lamentó Castellanos.
La socióloga y experta en temas de seguridad recriminó que todo parece ser que no existe voluntad de dar un giro al sistema penitenciario, porque es difícil creer que entre tanto profesional que existe en el país, no encuentren personas con competencias para dirigir estas instituciones.
Recomendó poner fin a las intervenciones, porque esto lo que ha hecho es trasladar las responsabilidades institucionales a una administración que luce como transitoria.
“Aquí se trata que el presidente -Juan Orlando Hernández- identifique las personas con la competencia y la idoneidad, y que la coloque en esos cargos, que se les brinde la legislación correspondiente y los recursos humanos y materiales que necesitan para que puedan administrar correctamente los centros de privados de libertad”, expuso.
El problema es que cuando hechos de la magnitud del martes anterior se están dando con mucha frecuencia, indica que algo no está funcionando bien.
El dirigente de la sociedad civil, Omar Edgardo Rivera Pacheco, señaló ayer que al igual que en las cárceles de todo el país, en los centros para menores infractores se deben tomar medidas extraordinarias con personal especializado.
Mientras que el pastor Alberto Solórzano dijo en Twitter que “el tema de los centros penales y ahora lo acontecido en Renaciendo evidencia un vacío de autoridad y manejo... ¡Triste!”.
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