TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Por 45 días será prorrogada la vacatio legis del nuevo Código Penal, decisión que será tomada este sábado por el Congreso Nacional en el marco de una reunión virtual convocada el viernes por el presidente de este poder del Estado, Mauricio Oliva.
La prolongación de la vigencia fue revelada a EL HERALDO por una fuente del Poder Legislativo, de forma que el cuerpo jurídico comenzará a aplicarse a partir del 24 de junio de este año.
Oliva finalmente cedió a las presiones de varios sectores que pedían la no entrada en vigencia de esta ley penal, cuestionada porque suaviza las penas relacionadas con varios delitos y criminaliza las protestas, la injuria y la calumnia.
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“En los últimos días he hablado con muchos actores evaluando diversidad de opiniones y posiciones con el propósito de darle tranquilidad y certidumbre al pueblo hondureño”, dijo Oliva.
“He decidido convocar a sesión del Congreso Nacional para discutir la ampliación de la vacatio legis del Código Penal. Escuchar, dialogar, reflexionar y llegar a consensos es lo que Honduras necesita hoy más que nunca”, dijo.
“La sesión se desarrollará vía internet, por lo que rogamos seguir las indicaciones de conexión que les fueron brindadas y esperar la comunicación oficial que de manera personal se les enviará con los códigos especiales de ingreso a la plataforma tecnológica”, dice la convocatoria girada ayer por la tarde.
El Código, que sustituye al de 1984, iba a entrar en vigencia este lunes 11 de mayo, un día después de la extinción de la ampliación que por seis meses dio el año pasado el Congreso a la vacatio legis (vacación de la ley).
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Presiones y argumentos
El Código fue aprobado el 18 de enero de 2018 y no ha entrado en vigencia por la prórroga del referido período que tiene su origen en las presiones de varios sectores, entre ellos el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), los empresarios y periodistas.
Estos gremios cuestionan el andamiaje jurídico porque, según ellos, suaviza las penas por delitos relacionados con el crimen organizado y la corrupción, criminaliza las protestas y vulnera la libertad de expresión al mandar a la cárcel a quienes cometan delitos de injuria, calumnias y difamación.
Expertos en derecho constitucional y académicos se sumaron a la presión por la no vigencia de la ley argumentando que en estado de sitio la carta magna prohíbe la operatividad de nuevos delitos.
El segundo párrafo del artículo 188 constitucional dice que “tampoco podrá hacerse, durante la suspensión (de las garantías individuales) declaraciones de nuevos delitos ni imponerse otras penas que las ya establecidas en las leyes vigentes al decretarse la suspensión”.
El profesor universitario de derecho constitucional, Juan Carlos Barrientos, alertó a EL HERALDO que si este lunes 11 entraba en vigencia el nuevo Código cualquier ciudadano podría interponer un recurso de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
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La CSJ pide revisión
Otro aspecto que pudo haber inducido a Oliva a prolongar una vez más la vacatio legis es el dictamen de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que sugiere una revisión del nuevo Código Penal partiendo de la idea de que entraría en vigencia este lunes.
La opinión de la CSJ, que no es vinculante, se contrae primero a rechazar la iniciativa ciudadana canalizada a través del Congreso en la que pedía una ampliación de la vacation legis y si no fuera posible la derogación del nuevo cuerpo jurídico.
Sin embargo, la CSJ sugiere al Congreso la revisión de “aspectos puntuales” del nuevo Código Penal, entre ellas, las “penas en los delitos en perjuicio de la administración pública y en delitos que tienen que ver con el narcotráfico”.
“En conclusión, la Corte Suprema de Justicia señala que sí existe necesidad de revisión inmediata del Código Penal contenido en el Decreto Legislativo 130-2017, ello no implica que el cuerpo normativo como conjunto deba desecharse, pues la conveniencia de revisión normativa, si bien importante, es mínima en consideración a su todo”, dice.
“El Código Penal 144-83 que gobierna hoy el derecho penal contiene normas que dan una respuesta inadecuada al fenómeno del delito: incumple los compromisos asumidos por Honduras en distintos instrumentos internacionales, imposibilita en algunos casos la cooperación internacional penal ante el desfase de figuras delictivas con el derecho comparado; mantiene vigente delitos ya en desuso, hace tipificaciones delictivas ambiguas, establece una escala de penas abstractas”, apunta.
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