El expediente será remitido por la Secretaría del Juzgado de Letras al Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional para que determine la terna de jueces que conocerán el debate del juicio.
Una vez seleccionados, el tribunal determinará la fecha en que se comenzarán a evacuar las pruebas planteadas por los abogados de Castillo y los agentes de tribunales del Ministerio Público.
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La defensa del imputado afirmó que fueron notificados de la determinación del juez y cuestionaron una presunta intervención en el proceso de senadores de Estados Unidos.
“Es una intervención irresponsable ya que desconocen las interioridades del proceso, estamos luchando contra la intervención de más de 500 organizaciones No Gubernamentales, en donde tienen intereses específicos como son los subsidios para estar apoyando este tipo de casos”, aseguró el abogado Juan Carlos Cantillano.
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Denunció que “ha sido sustraído el dictamen emitido por un perito forense en el cuál se constatan todas las irregularidades cometidos por el Ministerio Público”.
De su lado el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), manifestó en sus redes que “Castillo debe ser condenado por su responsabilidad como coautor del asesinato de Bertha Cáceres, y el enlace a los autores intelectuales del crimen”.
Calificó que “la decisión del auto de apertura a juicio contra David Castillo es un paso en la búsqueda de justicia, verdad, reparación y no repetición del Copinh, la familia de Bertha Cáceres y su familia”.
De su lado la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida aplaudió la resolución judicial y destacó que a lo largo de la investigaciones de la llamada operación Jaguar, han recabado una serie de pruebas e indicios, que junto al análisis de extracciones y vaciados telefónicos, y labores complementarias hacen referencia al presunto pago hecho por Castillo a los sicarios que cometieron este crimen de alto impacto social.
De acuerdo a los trabajos de inteligencia y pruebas científicas practicadas por agentes asignados al Departamento de Delitos Contra la Vida de la ATIC, Castillo Mejía fue el encargado de proporcionar la logística y otros recursos, para cometer el asesinato.
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Por este caso, el Ministerio Público obtuvo el 29 de noviembre de 2018 una primera sentencia condenatoria en contra de Sergio Ramón Rodríguez Orellana, Douglas Geovanny Bustillo, Mariano Díaz Chávez), Edilson Atilio Duarte, Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Henry Javier Hernández Rodríguez y Oscar Aroldo Torres Velásquez.
Todos ellos fueron hallados culpables por el delito de asesinato en perjuicio de Bertha Cáceres y asesinato en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de un testigo protegido.
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