A esa conclusión llegó el Consejo Consultivo y el Grupo Asesor para la Reconstrucción, después de cuatro meses de trabajo en el denominado Plan Nacional de Reconstrucción Sostenible (PRDS).
El devastador paso de estas dos tormentas en la primera quincena del mes de noviembre de 2020 dejó grandes daños en infraestructura, agricultura y en otros sectores productivos, tanto en la parte pública como privada.
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A consecuencia del desatre natural, el gobierno de Honduras solicitó a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) la elaboración de un informe para cuantificar el impacto y conformó un grupo de asesores.
Estas acciones se ejecutaron también con la asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de las Naciones Unidas, para la elaboración del PRDS.
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El primer borrador con las recomendaciones para la reconstrucción de los sectores afectados fue presentado por el Consejo Consultivo a distintos sectores nacionales, organismos financieros multilaterales, cooperación internacional, funcionarios gubernamentales, grupos empresariales, alcaldes municipales, expertos sectoriales y organizaciones civiles.
Los daños fueron detallados de la siguiente manera: en la parte pública o estatal hubo daños que alcanzan los 6,989 millones de lempiras, entre tanto, en la parte privada unos 15,686 millones de lempiras.
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En pérdidas totales se cuantificaron 791 millones en la parte pública y 26,289 en el sector privado, entre tanto, en un apartado de costos adicionales el Consejo Consultivo detalló 1,269 millones en el estamento publico y 1,075 en el ámbito privado.
Esto suma un total de 52,099 millones en los estragos causado por Eta y Iota en el territorio nacional.
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