'Advertimos que una vez entre en vigencia la reforma a Ley Especial Contra el Lavado de Activos procederemos a interponer un recurso de inconstitucionalidad', cita un comunicado dado a conocer este viernes.
De igual manera, la ASJ condenó las acciones de los parlamentarios al aprobar estas reformas. 'Condenamos enérgicamente esta acción de hostigamiento desde un poder del Estado al tachar a ciudadanos organizados que combaten la corrupción en Honduras como actores que corren el riesgo de lavar dinero en el sistema financiero, cuando ni siquiera entran dentro del concepto de Personas Expuestas Políticamente (PEP), al no ejercer cargos públicos, colaborar con políticos, influir en las decisiones sobre el destino del gasto público y tampoco ser personas naturales'.
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'Al incluir sin razonamiento legal o dictamen técnico en la definición de Personas Expuestas Políticamente a “…organizaciones de sociedad civil que administren fondos de cooperación externa que se dediquen a ejecutar proyectos o programas de diferentes tipos, la veeduría, investigación, evaluación o análisis de la gestión pública…”, el Poder Legislativo claramente contraviene lo establecido por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, demostrando su intención de amenazar, perseguir y coaccionar a organizaciones que en los últimos años han demostrado ser el único bastión contra la corrupción', agrega.
'Estos comportamientos autoritarios se conocen muy bien en América Latina y han producido trágicas consecuencias, causando enorme dolor y luto en las familias y retrocesos en los países', advierte la ASJ sobre las reformas.
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Polémicas reformas
Con apenas 67 diputados conectados inicialmente, el Congreso Nacional aprobó varias reformas durante la vigésimo quinta sesión legislativa vía Zoom.Una de las acciones más cuestionadas fue la aprobación a enmiendas de 11 artículos del Código Penal relacionados con la trata de personas, la usurpación, el lavado de activos, entre otras figuras.
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Además, se aprobó en su totalidad, habilitar, con carácter transitorio las Sesiones Ordinarias del Congreso Nacional desde el 1 de noviembre de 2021 hasta el 20 de enero de 2022.
Asimismo, los congresistas admitieron un decreto que amplía por 15 años los beneficios e incentivos fiscales que concede la Ley de la Zona Libre Turística del Departamento de Islas de la Bahía, mediante el decreto 181-2006. Fue aprobado en su totalidad en el primer debate.
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