TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un país, dos Congresos. Ese es el escenario que han vivido los hondureños desde que el pasado 21 de enero, cuando dos juntas directivas provisionales fueron juramentadas con minutos de diferencia y en medio del caos dentro del Congreso Nacional.
El escenario se tornó aún más crítico, pero igual de confuso, cuando las dos juntas provisionales convocaron a la sesión para su ratificación el domingo. Una sesión se realizó dentro del Poder Legislativo y la otra desde un centro de esparcimiento.
Y en las últimas horas la situación solo se agudizó cuando la noche del lunes se publicó en el Diario Oficial La Gaceta la junta directiva presidida por Luis Redondo como la única válida, pero más tarde, la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización reiteró que la de Jorge Cálix es la que tiene el amparo legal desde su elección.
De esta manera, ambas juntas instalaron hoy su primera legislatura, nuevamente desde distintos espacios, sin que ninguna dé el brazo a torcer.
VEA: Estancado el diálogo entre Jorge Cálix y Luis Redondo por la directiva del Congreso Nacional
Diversos sectores de la sociedad, la misma clase política y la comunidad internacional ahora se preguntan ¿quién debe desenredar la crisis que se ha generado? y ¿qué cámara será la encargada de mocionar, crear, sancionar y aprobar leyes si ambos se autoperciben como autoridades?, pero sobre todo, ¿qué le espera al país si esto sigue como está?
Las posturas afuera del hemiciclo también son encontradas. Por un lado, Cálix, que fue expulsado del Partido Libertad y Refundación (Libre) tras su polémica postulación a la titularidad del Congreso, cuenta con la mayoría de votos de sus compañeros parlamentarios, mientras que Luis Redondo, que llegaría a presidir el Legislativo tras un pacto entre Libre y el Partido Salvador de Honduras (PSH), cuenta con el respaldo de la otra parte de los legisladores. Él ha asumido un papel protagónico en el resguardo del Congreso, evitando que sea la otra junta la que ingrese a sesionar.
Ante estos hechos, los analistas políticos, expertos en derecho constitucional, representantes de la iglesia, sectores productivos, organismos de derechos humanos y veeduría, coinciden en dos cosas: se quebranta el Estado de derecho y en temas de goce de poder se requiere de intervención externa.
Consecuencias más allá de lo político
Aunque en redes sociales el tema ha sido tendencia desde que inició y ha generado un campo de batalla entre los usuarios, analistas de diferentes sectores aseguran que esto va más allá de ser un escándalo político como ha ocurrido en otros años, pues vaticinan una crisis “mayor a la de 2009” si no se pone un punto y final.
Esta situación ha provocado que la Embajada de Estados Unidos en Honduras se pronuncie y haga un enérgico llamado a las partes involucradas a dialogar cuanto antes. Ante la falta de atención de los políticos, reiteró su petición en un nuevo tuit.
Para el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Eduardo Facussé, la situación en el Congreso Nacional se traduce en falta de credibilidad, que a su vez repercute negativamente en posibles inversiones que se puedan estar evaluando en el país y eso evidentemente afecta a la economía y a la generación de empleos.
Alguien que coincide con esa interpretación es Pedro Barquero, quien pese a ser parte del PSH, opinó en su posición como empresario y solicitó que haya un diálogo que incluya la opinión de todos en el desarrollo de la agenda legislativa.
Según Barquero, aquellos diputados que no se han presentado presencialmente a legislar o intentar llegar a consensos, demuestran que sus intereses son personales y no de país.Otro ente en pronunciar su preocupación fue el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) al calificar como “graves” las cosas acontencidas en los últimos días y destacó que los conflictos, cuando se es apegado a la democracia, se solucionan hablando.
Los sectores que mueven la economía en Honduras coinciden en que de no llegar a un acuerdo que retorne el orden en el hemiciclo, la factura que los empresarios y la población tendrá será muy alta y muy posiblemente, creará una crisis de la que costará mucho recuperarse.
“Lo que les hemos solicitado a los políticos es que se sienten a dialogar y busquen una solución, porque se están llevando de encuentro al país completo”, enfatizó Facussé.
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Analistas distan en sus interpretaciones
Algunos analistas aseguran que si un diálogo no rinde frutos, la salida debe ser legal, pues precisamente la legalidad es uno de los temas en debate, por lo que contemplan la remisión a la Sala de lo Constitucional para que emita su propio dictamen, una nueva elección o incluso, una consulta a la ciudadanía, pero otros son del criterio que no se debe consultar lo que está claro.
”Este es un problema matemático, en la reunión, quien pruebe que tiene 65 o más votos presentes de propietarios, no hay más que discutir, si hay necesidad de levantar un acta notarial, con huellas y fotografías de cada quien para demostrarle a la gente, háganlo”, recomendó el analista político Olban Valladares.
Valladares también cuestionó que si los diputados suplentes están votando para elegir a una de las juntas y además, suplantando las curules de sus propietarios mientras estos están activos desde otro lugar, pueden incurrir en delito de usurpación.
Por su parte, el sociólogo Julio Navarro dice que la instalación del Congreso Nacional que presidente el diputado Luis Redondo fue un hecho consumado y que este es quien goza de legitimidad, pues además del respaldo popular cuenta con el territorio físico oficial donde se realizan las gestiones del Congreso.
Según su interpretación, otra cosa que podría ocurrir sin necesidad de llegar a un diálogo es que los diputados que apoyan a Cálix se den cuenta de que su junta directiva no tiene muchas posibilidades de sobrevivir y se comiencen a adherir a la otra, esto después de la toma de posesión de Xiomara Castro en la presidencia.
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La percepción de los hechos en otros actores sociales La percepción de los hechos en otros actores sociales
Otros entes que no se han quedado callados sobre la crisis en el Congreso son la iglesia, ONG´s, istituciones de sociedad civil y entes internacionales, pues sus actividades no podrían desarrollarse con normalidad en un país en anarquía.
“Todo reino dividido va al fracaso, por esta razón es no hay que poner en peligro el Estado de Derecho”, han interpretado miembros de la Iglesia Católica y Evangélica. La Conferencia Episcopal de Honduras incluso instó a Xiomara a unirse a la mesa de diálogo para poner fin al conflicto:
“Llamamos “al diálogo sincero y abierto cuanto antes entre la señora presidenta electa y los representantes de los dos grupos que aspiran a la presidencia del Congreso, para que puedan ponerse de acuerdo y encontrar un camino de solución que respete la ley, devuelva la serenidad y la paz para celebrar con alegría el comienzo de un nuevo gobierno”, se lee en su comunicado.
“La violencia jamás va a construir la paz, ni el odio va a construir un nuevo país”, resaltó también el cardenal Óscar Andrés Rodríguez en su homilía. Por otro lado, Omar Rivera, de el Foro Nacional de Convergencia (Fonac), argumentó que los contrapesos en el Congreso son importantes para el desarrollo de una agenda democrática y llamó a los actores a recordar la separación de poderes que menciona la Constitución de la República.
Mientras que la directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, recomendó crear una comisión que se encargue de poner las reglas en las que se va a dialogar, esperando que eso pueda poner fin al conflicto y lleve a los parlamentarios a trabajar de la mano más adelante.
“Ante una crisis social y política que empieza a socavar los estamentos del Estado de derecho, es de urgencia convocar una comisión de notables para construir un diálogo honesto”, afirmó Castellanos en su cuenta de Twitter. Y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), a través del rector Francisco Herrera no solo reiteró la solicitud de que haya un diálogo, sino que advirtió a las partes en conflicto que este tipo de actos podría restarles credibilidad y confianza entre la población, incluso antes de comenzar a ejecutar sus primeras acciones como gobierno.
