WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El Senador demócrata por Nueva Jersey, Bob Menéndez, solicitó este jueves que el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández sea sancionado como “narcotraficante extranjero significativo”.
El presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado hizo la petición formalmente con el propósito que la administración de Joe Biden revoque de inmediato la visa a Hernández, y además le aplique una sanción, en apego a la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico.
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La petición fue enviada por Menéndez al Secretario de Estado, Antony Blinken, y a la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, a través de una carta en donde les explica las motivaciones de su solicitud.
En el documento Menéndez exhorta a su país a “continuar demostrando su apoyo al estado de derecho y a los pueblos de las Américas identificando, denunciando y sancionando a los funcionarios extranjeros involucrados en el narcotráfico y socavando la democracia en el hemisferio, independientemente de que dichos actores sean presidentes o altos funcionarios de los países socios”.
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Asegura que “las alegaciones en los casos judiciales federales citados anteriormente sugieren fuertemente que Juan Orlando Hernández está involucrado en actividades delictivas y narcotráfico, actividades que han puesto en peligro la seguridad nacional de los Estados Unidos y la prosperidad del pueblo hondureño y por las cuales no se le ha hecho responsable”.
Carta emitida por el Senador Bob Menéndez:
Estimado Secretario Blinken y Secretaria Yellen,
Le escribo para instarle a que tome medidas adicionales para responsabilizar al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández por su importante participación en el narcotráfico internacional. Aunque Hernández no ha sido acusado formalmente, las pruebas presentadas en varios casos judiciales federales de EE. UU. desde 2019 lo han implicado de manera creíble como co-conspirador en delitos de narcotráfico.
En febrero de 2021, los documentos judiciales mostraron que los fiscales estadounidenses estaban investigando a Hernández y otros funcionarios gubernamentales de alto rango por presunta participación en esquemas de tráfico de drogas. Ya es hora de que el gobierno de EE. UU. tome medidas de rendición de cuentas contra Juan Orlando Hernández, comenzando con una revocación pública de su visa y designación bajo la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico.
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Es imperativo que la administración de Biden tome una posición firme en nombre del estado de derecho en Honduras al hacer que los líderes del país rindan cuentas. La rendición de cuentas es uno de los cimientos de la democracia y el estado de derecho.Según el Departamento de Justicia, la impunidad entre altos funcionarios gubernamentales involucrados en actividades de narcotráfico en Honduras ha contribuido a que el país se convierta en “uno de los principales puntos de transbordo de cocaína con destino a Estados Unidos” y en un “narcoestado en ruinas”.
La Presentación de sentencia del gobierno de EE. UU. en el caso de Estados Unidos v. Juan Antonio Hernández Alvarado se refiere directamente al ex presidente Hernández como uno de estos funcionarios, alegando que desempeñó un “papel de liderazgo en una conspiración de tráfico de drogas violenta y patrocinada por el estado”. “Aunque Juan Orlando Hernandez ha negado estas acusaciones, los materiales presentados en tres casos judiciales federales de EE. UU. en el Distrito Sur de Nueva York que involucran a familiares y ex socios han presentado evidencia incriminatoria de su participación directa en actividades de narcotráfico: El 30 de marzo de 2021, un juez de distrito de EE. UU. condenó al hermano de Juan Orlando Hernández, Tony Hernández, a cadena perpetua luego de que fuera declarado culpable de conspiración para traficar al menos 185.000 kilogramos de cocaína a los Estados Unidos.
Las pruebas presentadas en los procedimientos judiciales en el caso de Estados Unidos v. Juan Antonio Hernández Alvarado demostraron que “entre 2004 y 2019, [Tony Hernández] aseguró y distribuyó millones de dólares en sobornos derivados de drogas a Juan Orlando Hernández ”, quien actuó como su co-conspirador. En 2013, por ejemplo, Tony Hernández, bajo la dirección de Juan Orlando Hernández, aceptó $ 1 millón del exlíder del Cartel de Sinaloa, El Chapo, para apoyar la campaña presidencial de su hermano.Los procedimientos judiciales indicaron que “Juan Orlando Hernández no negó haber recibido el pago”. También revelaron que Juan Orlando Hernández en 2013 solicitó $1.6 millones en ganancias de drogas al narcotraficante Ardón Soriano para financiar su campaña electoral y las campañas de su partido político. Una última prueba relevante presentada en el juicio fue un libro de ganancias de drogas incautado por las fuerzas del orden hondureñas en junio de 2018 que contenía las iniciales de Juan Orlando Hernández.
El 22 de marzo de 2021, un jurado en el caso de Estados Unidos contra Geovanny Fuentes Ramírez condenó a Geovanny Fuentes Ramírez, exsocio de Juan Orlando Hernández, por cargos de narcotráfico por su participación en una conspiración criminal que involucra a altos funcionarios del gobierno hondureño.
Uno de esos funcionarios, identificado por los fiscales como co-conspirador, fue Juan Orlando Hernández. Como se alega en la Moción in Limine del Gobierno, Juan Orlando Hernández en 2013 y 2014 recibió “decenas de miles de dólares [de Fuentes Ramírez] a cambio de una promesa continua de protección... del escrutinio de las fuerzas del orden público y el apoyo militar a sus drogas”. -actividades de tráfico”.
La moción in Limine también alegó que Juan Orlando Hernández hizo varias declaraciones incriminatorias, incluida la admisión de “malversar la ayuda de los Estados Unidos a través de organizaciones no gubernamentales” y querer “hacer que la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) pensara que Honduras estaba luchando contra el narcotráfico” cuando en cambio él estaba interesado en “inundar Estados Unidos con cocaína”.
Los datos del teléfono de Fuentes Ramírez, entre otras pruebas, sugieren que Fuentes Ramírez se reunió con Juan Orlando Hernández luego de dos presentaciones de la fiscalía en el caso contra Tony Hernández.
El 30 de abril de 2020, el Departamento de Justicia acusó a Juan Carlos Bonilla Valladares, exjefe de la Policía Nacional de Honduras, de conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos en el caso Estados Unidos v. Juan Carlos Bonilla Valladares. La denuncia penal federal alegaba que Bonilla Valladares usó su cargo para proteger las actividades de narcotráfico de sus cómplices, Juan Orlando Hernández y Tony Hernández. También alegó que los hermanos Hernández ordenaron a Bonilla Valladares asesinar a un narcotraficante rival.
A pesar de la evidencia creíble, profundamente alarmante y creciente de la participación directa del expresidente Hernández en el narcotráfico, Estados Unidos todavía tiene que responsabilizar públicamente a Juan Orlando Hernández por sus acciones. No fue incluido en las adiciones más recientes de septiembre de 2021 a la lista de la Sección 353 de Actores Corruptos y Antidemocráticos en Centroamérica del Departamento de Estado.
Actualmente tampoco está designado en virtud de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico. Me temo que la omisión de Juan Orlando Hernández en estas listas está enviando un mensaje equivocado al pueblo hondureño en un momento de transición de su democracia, así como a los funcionarios públicos de toda la región.
Le pido que tome medidas para promover la rendición de cuentas en nombre del pueblo hondureño y defender el estado de derecho en todo el continente americano identificando al expresidente Hernández como un «narcotraficante extranjero importante» en virtud de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico y revocando su visa. Esto garantizaría que a Juan Orlando Hernández se le niegue la entrada a los Estados Unidos, el acceso a los sistemas financieros estadounidenses y la capacidad de realizar transacciones con empresas e individuos estadounidenses. También permitiría al Departamento del Tesoro apuntar a la red de tráfico de Juan Orlando Hernández al sancionar a cualquier negocio y operativo relacionado.Cuando el exvicepresidente venezolano Tareck El Aissami estuvo implicado en actividades de narcotráfico en 2017, el gobierno de los EE. UU. lo responsabilizó con razón al sancionarlo en virtud de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico.
De manera similar, cuando el expresidente colombiano Ernesto Samper fue implicado en conexiones con el narcotráfico en 1996, el gobierno de los Estados Unidos denunció públicamente sus acciones y revocó su visa, enviando un mensaje al “pueblo colombiano, al gobierno de Colombia y a todos” en el resto de nuestro hemisferio que hablamos en serio”. Las acciones del gobierno de los EE. UU. entonces deberían guiar sus acciones ahora.
Estados Unidos debe continuar demostrando su apoyo al estado de derecho y a los pueblos de las Américas identificando, denunciando y sancionando a los funcionarios extranjeros involucrados en el narcotráfico y socavando la democracia en el hemisferio, independientemente de que dichos actores sean presidentes o altos funcionarios. de los países socios.
Las alegaciones en los casos judiciales federales citados anteriormente sugieren fuertemente que Juan Orlando Hernández está involucrado en actividades delictivas y narcotráfico, actividades que han puesto en peligro la seguridad nacional de los EE. UU. y la prosperidad del pueblo hondureño y por las cuales no ha tenido que rendir cuentas. Al sancionar al expresidente Hernández en virtud de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico y revocar su visa,Atentamente,
Bob Menéndez
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