El Ministerio Público emitió una posición oficial en la que afirma la legalidad de la nueva versión de las “ciudades modelo”.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió recursos interpuestos en contra del decreto legislativo No. 236-2012, ratificado por el decreto 9-2013, mediante el cual se reforma la Constitución de la República y se crean las Zonas Especiales de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). Asimismo, se impugnó el decreto 120-2013, contentivo de la Ley Orgánica de dichas zonas.
Para ello, el Congreso Nacional (CN) reformó en enero del 2013 los artículos 294, 303 y 329 de la Carta Magna.
Los recursos fueron interpuestos por varios organismos no gubernamentales y miembros afines del Frente Nacional de Resistencia Popular.
Según los recurrentes, el CN aprobó de manera tácita o indirecta artículos pétreos garantizados por la Constitución de la República en su artículo 374 y los relativos al territorio nacional y a la forma de gobierno.
La Sala Constitucional determinó admitir los recursos de inconstitucionalidad para continuar con el trámite hasta dictar una sentencia.
Con ese propósito, la Sala omitió pedir los antecedentes al CN.
Sí solicitó al Ministerio Público emitir un dictamen sobre si procede o no declarar con lugar el presente recurso de inconstitucionalidad.
La Fiscalía de Defensa de la Constitución estudió el expediente y emitió su dictamen a la Sala Constitucional de no otorgar los recursos. Argumenta que no existe violación a garantías constitucionales.
Con esta opinión ilustrativa, no vinculante, la Sala Constitucional emitirá un fallo derogando o no las reformas que crean las ZEDE.