TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una aparente calma volvió a la cárcel de máxima seguridad El Pozo II, en Morocelí, El Paraíso, luego de la reyerta protagonizada por integrantes de la Pandilla 18 y que dejara tres convictos muertos y otros 43 reclusos heridos.
Hasta ayer, las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP) no habían esclarecido cómo fue que las armas de guerra utilizadas para cometer la masacre, ingresaron a ese recinto carcelario, considerado de altos niveles de seguridad.
VEA: Autoridades denuncian que organizaciones de DD HH reciben dinero de maras y pandillas
El titular de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Rommel Martínez, indicó que “respecto a las muertes y a las lesiones, ya los equipos de Inspecciones Oculares hicieron lo correspondiente para recolectar cualquier elemento que va a ser sometido a los análisis de los laboratorios forenses”.
Si se utilizó armas de guerra
En efecto, se confirmó que en el ataque perpetrado por la Pandilla 18, utilizaron un explosivo de gran poder y armas de grueso calibre. “Lo característico en un caso de estos; de repente elementos munición asociadas a las armas de fuego, un componente vinculado a explosivos y también, videos, pero más allá de eso se han obtenido elementos de información que son los que permiten dar una idea más clara de cual fue la dinámica del hecho,” arguyó Martínez.
LEA: Angustia, llanto y empujones: el drama de familiares de reclusos heridos en La Tolva
Delma Ordóñez, presidenta de la Asociación de Familiares de Privados de Libertad, exteriorizó que “nosotros estamos exigiendo la pronta intervención del gobierno sobre los centros penitenciarios del país. Estamos exigiendo que por lo menos se forme una terna que pueda manejar los centros penales y que puedan calmar los ánimos”.
Manifestó que “es urgente que el presidente tome decisiones hoy, porque el sistema penitenciario está colapsado. Estamos pidiendo la destitución de las autoridades; a los militares les quedó grande la camisa para dirigir los centros penales”.
Error en número de identidad
El ataque armado dentro de El Pozo II se produjo alrededor de las 9:30 de la mañana del jueves y los cadáveres de los tres reclusos fueron ingresados a Medicina Forense, en la capital, a las 7:30 de la noche de ese mismo día. Ayer, en medio del hermetismo, los cuerpos de dos de los fallecidos fueron retirados por sus parientes de esa oficina médico legal.
+ Sin huellas, por la puerta grande o fingiéndose muertos: reclusos que burlaron la cárcel en Honduras
A las 10:15 de la mañana, fue retirado por sus parientes Sergio Pineda Argueta (48), quien era originario de la aldea Taujica, en Tocoa, Colón; lugar al que fue trasladado. Unos 20 minutos después fueron entregados a sus familiares, los restos mortales de Rosman Joel Salgado Solís (36), nativo de Sabá, Colón, y su último domicilio fuera de prisión fue en la zona de El Merendón, en San Pedro Sula, para donde fue llevado.
Entre tanto, con respecto al otro reo fallecido se formó un embrollo similar al de otros convictos muertos dentro de prisiones hondureñas.
En el momento que se realizó el levantamiento fue registrado con el nombre de Óscar Monje Mendoza (34), con número de identidad 0501-1988-12050. Al introducir este número de cédula en el sistema del Registro Nacional de las Personas (RNP) arrojó el nombre de Edwin Xavier Coto Quijada (32).
Para sorpresa del propio Edwin Coto, un médico originario de San Pedro Sula y, del personal forense, las huellas dactilares del difunto no coincidieron con ese nombre. Todo indicaría que la confusión se dio al copiar el número de identidad del recluso durante el levantamiento de los cadáveres, al escribir erróneamente uno de los dígitos.
Migdonia Ayestas, coordinadora del Observatorio Nacional de la Violencia, detalló que “en lo que va del año son ocho las muertes violentas en centros penitenciarios; el primer lugar lo lleva La Tolva, en Morocelí”.
Ayestas expresó que “es una preocupación que los centros penales tengan este foco de atención, precisamente por que cuando no cumplen la función de rehabilitar y reinsertar, entonces se dan estos hechos”.
Sólo en seis cárceles del país no se tiene registro de este tipo de muertes violentas, precisó.
Análisis: La sangre ha corrido en las cárceles de Honduras en los últimos siete años
