SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Un subcomisario de Policía y dos agentes fueron capturados y enviados a prisión por aceptarle un soborno de 30 mil lempiras a un ciudadano en San Pedro Sula, zona norte de Honduras.
Los acusados fueron identificados como Norman Edelberto Fajardo Cruz (subcomisario de Policía) y los agentes José Fito Pérez Bautista y Aníbal Edgardo Lara Escoto. Por su parte el ciudadano responde al nombre de Alejandro José Zúniga Luna.
De acuerdo a las investigaciones de las autoridades, el pasado sábado -6 de mayo- los uniformados requirieron a Zúniga Luna en la colonia Altiplano de San Pedro Sula, encontrándole un arma de fuego de la cual no portaba el permiso en este momento.
Ante la falta del ciudadano, los tres policías le solicitaron la cantidad inicial de 10 mil lempiras para evitar detenerlo y que pudiera seguir su marcha sin ser multado. Luego de pláticas, finalmente Zúniga Lara realizó una transferencia bancaria electrónica con la suma total de 30 mil lempiras.
En ese sentido, un juez dictó detención judicial de los tres funcionarios policiales ordenando remitirlos al centro penal de El Progreso, Yoro, donde permanecerán recluidos.
Por su parte, el ciudadano Alejandro Zúniga Luna fue remitido al centro penal de Tela, Atlántida, donde permanecerá recluido mientras se realizan las investigaciones.
La audiencia inicial en el caso se programó para el próximo jueves 11 de mayo, luego que el juez conozca los detalles del caso.
A los tres uniformados se les acusa de los delitos de cohecho y abuso de autoridad y al ciudadano Zúniga Luna por el delito de cohecho cometido por particular en perjuicio de la administración pública.
Esta operación policial fue realizada por bajo la dirección de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) y un equipo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) de la zona norte.
La ATIC informó que tiene a disposición el número telefónico 8860-9314 para que la ciudadanía en general denuncie de manera anónima y confidencial los delitos en contra de la administración pública donde se vean involucrados funcionarios del Estado o agentes policiales.
