La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró hoy con lugar el recurso de amparo interpuesto por la Procuraduría General de la República (PGR) en la demanda por 213 millones de lempiras interpuesta contra la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel).
La acción contra el Estado de Honduras fue interpuesta por el abogado Rosman Wilfredo Montiel, actual titular de la Dirección de Administración de Personal de la Carrera Judicial.
El vocero de la Corte, Melvin Duarte, explicó que con la resolución, la Sala Constitucional ordena que sea un tribunal civil de justicia el que resuelva si se paga o no la suma que demanda el profesional del derecho por concepto de comisiones a la estatal telefónica.
Revoca además lo dispuesto anteriormente por la Corte de Apelaciones, que falló en contra del amparo interpuesto por la PGR.
El abogado, que fungió como apoderado legal de Hondutel, exige el pago de comisiones que en 2008 ascendían a 45 millones de lempiras, las que con los intereses dejados de percibir han ascendido a 213 millones, según alega.
Antecedentes
En diciembre de 2008, el abogado Rosman Montiel Girón demandó ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo a Hondutel, en reclamo del pago de honorarios profesionales.
En ese entonces exigía 45 millones de lempiras por actos de procuración realizados ante la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) y Secretaría de Finanzas, en el año 2007, en su condición de apoderado legal en representación de la estatal telefónica, a quien le fue recuperado en junio del mismo año un crédito fiscal por más de 151 millones de lempiras.
No obstante laborar en Asesoría Legal de Hondutel en la gestión de Marcelo Chimirri, la estatal le cedió poder para representarlo en la recuperación del crédito fiscal.
Montiel Girón logró recuperar los 151 millones del crédito fiscal, por ello reclamó el pago de una comisión del 30 por ciento que corresponde a pagar a abogados por el ejercicio de su profesión.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo en enero de 2009 se declaró incompetente para conocer dicha demanda y lo remitió al Juzgado de Letras de lo Civil.
