Esta fuga no solo expone el crónico nivel de corrupción que existe en el sistema carcelario, sino también la negligencia del Juzgado de Ejecución, del Ministerio Público y de los tribunales de justicia de La Ceiba. Medina Rodríguez o Rodríguez Medina tiene cinco sentencias firmes que fueron ignoradas por los responsables de su custodia para poder ponerlo en libertad.
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Sentencias
Según el expediente número 6659-2002, el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, el 4 de noviembre de 2003, mediante procedimiento abreviado condenó al ahora prófugo a 15 años de prisión por el delito de homicidio.Luego, el 18 de febrero de 2004, en otro caso que se registra en el expediente número 152-2003 un Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Tegucigalpa en un juicio oral y público lo sentenció a 34, 24, 17 y 11 años de reclusión por su participación en los delitos de homicidio, homicidio en su grado de ejecución de tentativa, homicidio simple y robo agravado.
Pero el jueves 11 de mayo de 2017, el prisionero- junto a otros 22 reclusos- se fugó de la PN, ubicada en Támara, situación por la cual se suspendió al director del penal, teniente coronel César Nájera.
Sin embargo, el 7 de noviembre de 2017 fue recapturado en La Ceiba junto a otro reo prófugo, por lo que el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de esa ciudad le abrió el expediente 0101-2017-00-516-J-04 donde el Ministerio Público los acusó de portación de armas de fuego prohibida y posesión de municiones y asociación ilícita.
Como pasaron dos años sin que el Ministerio Público y los jueces movieran el juicio, entonces la defensa de los dos recapturados solicitó la revocación de la medida de prisión, por lo que el 8 de mayo de 2020, en pleno auge de la pandemia del covid-19, la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de La Ceiba ordenó “dejar en inmediata libertad a los acusados” con las medidas de presentarse una vez por mes a firmar un libro de control en los juzgados y la prohibición de no salir del país.
Esto, sin perjuicio de que “tengan otro proceso con medidas de prisión preventiva o estén cumpliendo condena por otra causa”, dice una nota firmada por los jueces que tomaron la determinación, dirigida al director de la Penitenciaría Nacional de Támara.
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Liberación
El viernes 21 de agosto a eso de las 3:00 de la tarde un empleado del Juzgado de Ejecución de esta capital llegó apresurado a la Penitenciaría a dejar la comunicación del tribunal de La Ceiba.Medina Rodríguez o Rodríguez Medina, quien se encontraba recluido en el módulo de máxima seguridad, fue conducido con el uniforme de prisionero al Departamento Legal; unos 20 minutos después ya había sido puesto en libertad sin que se verificara que tenía cinco sentencias firmes con una condena acumulada de 101 años de prisión.
La salida del preso fue firmada por el director del penal, el teniente coronel Jaime Espinoza López, quien -de acuerdo con una fuente militar- también le ordenó a un subalterno ir a encaminar al prófugo hasta el sector de El Durazno.
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El subordinado cumplió la orden utilizando el carro Nissan Frontier, doble cabina, color gris, sin placas, asignado al Instituto Nacional Penitenciario (INP) y recogió al reo en el punto de control conocido como “El Zorro”, situado a pocos metros de la prisión.
La prisa para que el preso desapareciera fue tal que no le quitaron el uniforme de presidiario, que era una calzoneta y camiseta color naranja, lo cual quedó grabado en las cámaras del reclusorio.
Según la fuente, los investigadores tienen puestos los ojos sobre la abogada María Orestilia Carbajal, secretaria del Departamento Legal y sobre dos de sus asistentes, así como sobre el director del penal, porque extrañamente no revisaron que el recluso tenía condenas firmes y por los hechos maliciosos que se dieron alrededor de la liberación.
Un militar asignado al archivo del Departamento Legal que se negó a recibir un soborno de 100,000 lempiras también está bajo la mira de los investigadores porque, según ellos, él sabe sobre dos millones de lempiras que se pagaron por la fuga y que fueron repartidos al interior de la prisión, reveló la fuente, quien también le sigue la pista a un subordinado que presuntamente movió el dinero de un alto oficial carcelero.
De comprobarse este extremo delictivo, no sería la primera vez que un militar con una posición de altas funciones termina vinculándose con grupos de malhechores.
De voz de un oficial de alto rango, EL HERALDO conoció que hace un mes las Fuerzas Armadas le dio baja deshonrosa al coronel César Rudy Valle Mejía, argumentando que cuando el oficial se desempeñó como director de la Penitenciaría Nacional mantuvo una relación muy estrecha con miembros de una agrupación criminal que estaban bajo su custodia.
No obstante, a pesar de la dura determinación, la institución castrense no envío el expediente al Ministerio Público.
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Reacción
Una vez que las autoridades del INP conocieron de la liberación de Medina Rodríguez o Rodríguez Medina, el 25 de agosto mediante oficio SUB-DN-GPA-INP-285-2020 el coronel Marco Valentín Barahona, subdirector nacional de gestión penitenciaria y administrativa, le pidió a Espinoza López que le enviara urgentemente información sobre el preso liberado.  |
Ese mismo día, Espinoza López contestó que según el libro de ingresos, dicho imputado llegó trasladado del centro penitenciario de Ilama el 27 de agosto del 2019 mediante resolución No 1997-DN-IPN-2019, siendo ubicado en el módulo de máxima seguridad.
Con una confusa redacción, el director el penal trató de justificar por qué no se registró el ingreso del reo en el módulo de máxima seguridad señalando que fue hasta el 21 de agosto reciente que la oficina de primer ingreso le tomó los datos, “lo cual se constata en el libro 5 de emergencia de la alcaldía del 2019, de lo cual adjuntamos copia fotostática, lo anterior con el fin de darle cumplimiento a lo ordenado por el tribunal de sentencia de la sección de La Ceiba”.
“El expediente de mérito no registra más causas que las antes descrita y el auto de formal procesamiento por estos delitos emitido en fecha 8 de noviembre del 2017 por la abogada María Elena Tróchez, juez de letras seccional de La Ceiba, Atlántida, por lo que se agresó en ese momento, ya que la orden de excarcelación es de fecha 8 de mayo del presente año, la cual fue recibida mediante comunicación del Juzgado de Ejecución, quienes trajeron la carta de excarcelación el día viernes 21 de agosto del 2020, trámite que se realizó con la abogada asignada a Máxima Seguridad y al encargado”.
“Al solicitar el libro de ingresos, se constató que tuvo un ingreso de traslado a Trujillo, por lo que se pidió información a la sección de cómputo, donde se observó que dicha base de datos lo tiene como prófugo.
Se supone que este privado de libertad es uno de los que se fugó el 16 de mayo de 2027 del módulo Escorpión”, escribió Espinoza López, haciendo la observación que no consta en su expediente “ningún informe sobre la fuga, ni en su ficha de afiliación consta que se haya interpuesto denuncia por el delito de evasión en esa fecha, así como denuncia que se haya hecho”.
“En este momento se me informó que los expedientes originales fueron secuestrados por el Ministerio Público (mayo de 2017) a fin de realizar las investigaciones del caso, por lo que todo el procedimiento de excarcelación que se realizó fue de manera legal”. Por lo que “de inmediato ordené al departamento legal para que se proceda a hacer la denuncia respectiva por evasión solicitando se emita la orden de captura del interno antes referido”, argumentó el militar.
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PN, un mercado persa donde se compra hasta la conciencia
La situación de gobernabilidad en las cárceles del país es crítica al extremo que dos militares que fueron directores de la Penitenciaría Nacional (PN) salieron por la puerta de atrás por coludirse con determinado grupo antisocial al interior de esta prisión, aseguró Hugo Maldonado, presidente del Comité para de Defensa de los Derechos Humanos (Codeh).Para este defensor de los derechos humanos, es lamentable y deja mucho que desear la situación de confabulación de algún sector de los militares que mantienen una manifiesta amistad con los grupos al interior de la Penitenciaría Nacional.
Consideró que esta prisión con más de 6,800 internos es “un banco abierto, un mercado persa donde se compran honores, voluntades y conciencia”.
La carcoma de la corrupción y de lo ilegal ha llegado a algunos anillos de seguridad que no logran controlar el trasiego de armas, de drogas, de licor y de toda una serie de amenazas que ponen en riesgo a los privados de libertad.
Maldonado criticó que el Congreso Nacional haya colocado a German McNeil, exsubdirector del Instituto Nacional Penitenciario (INP), como miembro del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNP-Conaprev) ya que él es una persona muy cuestionada por la relación que mantuvo con los presos.
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